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• El
enriquecimiento ilícito
, entendido como el incremento del patrimonio
de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus in-
gresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda
ser razonablemente justificado por él. (Esta figura delictiva ha sido
tipificada en algunos de nuestros países, pero ha despertado reserva
en otros a partir de consideraciones teóricas de derecho penal sobre el
peso de la prueba o sobre responsabilidad objetiva).
Las
normas jurídicas internacionales
establecen, además, obligaciones o
facultades estatales como las siguientes:
•
Cooperación internacional
en la prevención, incluyendo labores de inte-
ligencia e intercambio de información, la prosecución y castigo de con-
ductas corruptas.
• Específicamente, normas que permiten o facilitan la
extradición
respec-
to de estos delitos.
• Obligación de
proteger a los denunciantes
de estas prácticas o conduc-
tas, así como otras medidas preventivas que se detallan a continuación
a propósito de la perspectiva de la gestión pública.
• Posibilidad de que los Estados establezcan ciertas formas de
jurisdic-
ción extraterritorial
sobre estos delitos.
3.4.La perspectiva de la gestión pública
Desde esta perspectiva interesan, sobre todo, los principios y prácticas de la
gestión del Estado que promueven la probidad y eficiencia en el desempeño
del servicio público, tienden a prevenir y controlar la posibilidad de corrupción
o, cuando ésta tiene lugar, a enfrentarla y superarla. Algunos de los principa-
les principios y prácticas (muchos de los cuales han sido incorporados en las
convenciones anti–corrupción) se pueden agrupar de la siguiente manera:
• Fomentar una
cultura de probidad y eficiencia
en el servicio público, a
través de medidas tales como:
(a)
La solemne consagración de los
principios de probidad y transparencia en la Constitución y las leyes;
(b)
la elaboración de normas o códigos de conducta profesional;
(c)
el co-
rrespondiente entrenamiento y capacitación de los funcionarios. Duran-
te la Reunión se tomó conocimiento de que varios de los participantes
trabajan en programas de capacitación tanto de funcionarios públicos
como de miembros de la sociedad civil.