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INFORME
públicas, aunque sean ejercidas por actores privados, es información
pública. Cuando los particulares actúan en ámbitos públicos, deben ajus-
tarse a los mismos estándares de transparencia que se exigen al Estado.
• En lo que se refiere a las normas sobre transparencia y probidad públi-
ca, tanto la ética política y el derecho, en la mayoría de las sociedades
democráticas,
buscan proteger similares valores
, entre ellos:
(a)
el
pa-
trimonio
y los recursos públicos;
(b)
lo que puede llamarse el
orden
público económico
, esto es, las instituciones, reglas y prácticas que
gobiernan el buen funcionamiento del sistema económico, incluyendo
los principios de competencia libre y leal, transparencia y reglas del
juego parejas para todos;
(c)
el
adecuado funcionamiento de la demo-
cracia
, incluyendo el respeto a la ley y al Estado de derecho, la calidad
y eficiencia de la gestión pública, la integridad de las instituciones y las
autoridades, y la confianza pública en las mismas;
(d)
los
sistemas de
resguardo para cautelar los anteriores valores
frente a situaciones que
los hacen vulnerables (normas sobre inhabilidades, incompatibilidades,
negociaciones incompatibles, etc.).
• Tanto las
normas de ética política como las de derecho en la mayoría de
los países democráticos, coinciden en gran medida
en calificar de ilícitas
ciertas conductas o prácticas. Sin embargo, existen conductas o prác-
ticas moralmente reprobables y que son, en cambio, indiferentes para
el derecho; y viceversa. En este sentido, se vio en la Reunión que los
índices de corrupción relativamente buenos que tienen determinados
países empeoran significativamente cuando se toma en cuenta la llama-
da “corrupción legal”, vale decir, prácticas anti–éticas que no vulneran
disposiciones legales. Se recordó, asimismo, que las formas de “co-
rrupción legal” facilitan el fenómeno llamado captura del Estado.
3.2.Perspectiva normativa específica: la ética política democrática
• En una visión de la
ética política democrática,
la probidad pública y la
prevención y sanción de la corrupción son temas que atañen tanto a la
institucionalidad y las leyes, a las políticas públicas y a la conducta de
los agentes públicos. El énfasis suele ponerse en esto último, aunque
tomando en cuenta los factores institucionales y de políticas públicas
como elementos que inciden en el problema y en su prevención o com-
bate. Desde la mirada de la participación ciudadana en temas de ética
