36
II. Sobre la Agenda Presente y Futura en este Campo
1. Objetivos temáticos que estarían alcanzados en grado razonable
como para pensar en enfatizar nuevas etapas y prioridades
Además de señalar los logros, que consisten en el desarrollo mismo de
organizaciones no gubernamentales y otros desarrollos institucionales y le-
gales dentro de este campo, varios participantes coincidieron en las siguien-
tes apreciaciones sobre avances temáticos.
En el
plano internacional
se ha progresado en
instalar este tema en la opi-
nión pública,
en términos generales, como un asunto tanto de ética política
como de buen funcionamiento del Estado, la economía y la sociedad; un
asunto que, más aún, involucra a la sociedad civil, a instituciones estatales,
a organismos multilaterales políticos y financieros, a actores económicos
privados y a la academia. El desarrollo de índices de percepción de corrup-
ción ha contribuido a la cobertura de prensa y al interés de la opinión pública
sobre esta materia. Por cierto, queda mucho por hacer en cuanto a crear
mayor conciencia, pero la fase inicial de instalar el tema en términos gene-
rales en la opinión pública habría alcanzado un satisfactorio grado de cum-
plimiento que permite apuntar a nuevas etapas y prioridades.
Lo mismo puede decirse de la
normativa legal internacional.
Las convencio-
nes internacionales anti–corrupción (de ONU, OEA y OCDE), así como otros
estándares (ver anexo II) constituyen una
base suficiente
. Interesa ahora,
por tanto, tal como se detalla más adelante, concentrarse en el seguimiento
del cumplimiento de las obligaciones que estas convenciones imponen y en
su implementación práctica.
En el
plano nacional
, la situación, en lo que toca a avances en temas deter-
minados, varía de país en país. En muchos de los de nuestra región, los
ecos de las tendencias internacionales, así como algunas investigaciones
periodísticas y judiciales locales sobre escándalos de corrupción o sobre
falta de transparencia, han contribuido a generar una
conciencia pública
sobre el tema. En cuanto al marco jurídico para consagrar los principios de
probidad pública y castigar actos de corrupción, existen, por lo general,
bastantes normas legales
(no necesariamente consagradas en un mismo
documento), aunque haya algunas conductas que se señalan más arriba en
este Informe como moralmente reprobables (ver sección
I
.
3.2
.) que no
están tipificadas como ilegales en la mayoría de los países americanos.
