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las personas que no son propiamente “partes” en el proceso pudieran conocer el desarrollo
del mismo o aportar evidencia, entre otros mecanismos de participación. Esta cuestión se
encuentra ligada a cuestiones de acceso a la justicia, pues lo que se discute es la legitimación
de ciertas personas o colectividades para hacerse parte de procesos penales o administrativos.
Pero también, sostenía este experto, tiene un aspecto ligado a la participación, en tanto hacerse
parte de un proceso de corrupción equivale a “participar de los asuntos públicos”.
Al respecto, una de las especialistas compartió la experiencia del caso argentino, donde, en
el contexto de un proceso de solución amistosa de un caso que había sido llevado a la CIDH,
se logró impulsar una reforma que permitiría a las víctimas y denunciantes hacerse parte de
los sumarios administrativos de la policía
39
. En este sentido, es posible visualizar el apoyo que
pueden brindar las herramientas del SIDH en permitir la participación de la sociedad civil en los
procesos de corrupción, aumentando de esta forma el control social sobre el sistema judicial
en estos casos.
Ahora bien, la participación engloba cuestiones más amplias que el ámbito judicial. El ámbito
político es el espacio en el cual se enfocan generalmente los problemas de participación. Sobre
este punto, se partió de la idea que los derechos humanos han tenido históricamente por
objetivo controlar o limitar el poder, pero también un rol de legitimación de éste. En ese sentido,
la legitimidad del sistema democrático es el gran punto de convergencia entre los derechos
humanos y la lucha anticorrupción. La unidad de propósito entre ambas agendas se ilustra en
el artículo 3 de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Este artículo, que establece
medidas preventivas para combatir la corrupción, considera que dichas medidas “ayudarán a
preservar la confianza en la integridad de los funcionarios y en la gestión pública”
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, es decir,
se busca cuidar la legitimidad democrática. Y la legitimidad del sistema democrático se basa,
antes que nada, en la participación de los ciudadanos en el poder.
Cuando se habla de participación, por tanto, lo primero es visibilizar las formas de poder
existentes. El poder se ejerce de muchas formas, y hay ciertas formas “naturalizadas” de ejercicio
del mismo, las que corresponden a formas estructurales de discriminación y exclusión. Por ello,
y para evitar que al establecerse mecanismos de participación se refuercen las relaciones de
poder o que sean un mero discurso retórico, es necesario que se conciba de forma estrecha la
participación junto con el principio de igualdad y no discriminación.
Al respecto, se citó el ejemplo del programa
Oportunidades
en México, un programa de
transferencias condicionadas que, entre sus objetivos, buscaba empoderar a las mujeres
el 18 de julio de 1978.
39
CIDH.
Sergio Schiavini y María Teresa Schnack de Schiavini vs. Argentina
. Caso 12.080. Solución
Amistosa, Informe No. 102/05, 27 de octubre de 2005. [en línea]
/
Argentina12.080sp.htm>
[consulta: 15 diciembre 2011].
40
Artículo 3.1 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, op. cit.
I N F ORME
