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no jugó un rol central, pero sí pudo acompañar el proceso de reformas.
Por último, una cuestión que apareció en el análisis en reiteradas ocasiones es que, para
la elaboración de estrategias, es necesario adaptar la forma de presentar las demandas,
dependiendo de los climas: en algunos países serán más favorables a la reivindicación a
favor de los derechos humanos, mientras que en otros, la mirada desde la lucha contra la
corrupción es susceptible de generar mucha mayor adhesión. Aquí se produce una sinergia
positiva entre el campo de la lucha contra la corrupción y los derechos humanos, pues si es
posible visualizar las áreas de contacto entre ambas, será posible “elegir”, según los distintos
contextos, la estrategia de incidencia que será susceptible de generar la mejor recepción. Así,
por ejemplo, el caso de Chile, donde el respaldo a Pinochet solo se vio mermado dentro de
los mismos partidos de derecha con el revelamiento de los casos de corrupción, y no por las
brutales violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Estas violaciones, que ya
eran conocidas por todos desde larga data, no habían contribuido a empañar su imagen pública
frente a sus defensores más acérrimos, lo que solo se logró con la revelación de los escándalos
de corrupción. Lo mismo planteó una de las expertas respecto del caso de Perú, donde la
lucha contra la corrupción ha sido un tema que goza de adhesión por parte de la ciudadanía, y,
a lo menos discursivamente, por parte de la clase política. No así los problemas ligados a los
derechos humanos que generan fuertes reacciones. Esto no es el caso en Venezuela, como
vimos anteriormente, donde tocar el tema de la corrupción es una cuestión mucho más sensible
que la de abordar los problemas desde la óptica de los derechos humanos y, en particular,
desde los derechos sociales.
En este sentido, la conclusión del grupo fue un llamado al pragmatismo en el diseño de las
estrategias, adaptando la forma de realizar las demandas dependiendo de los contextos más o
menos favorables a uno u otro tema.
Los actores: Estado, sociedad civil y especialistas. La búsqueda de las
alianzas
Un último aspecto que hizo parte transversal de la discusión se refirió a los distintos actores
que pudieran o debieran participar de una estrategia conjunta de protección de los derechos
humanos y lucha contra la corrupción con la ayuda del sistema interamericano.
Al respecto, un primer punto en el que se insistió fue la necesidad de cambiar la mirada muchas
veces negativa que se tiene del rol del Estado desde las organizaciones de la sociedad civil,
tanto aquellas desde el ámbito de la transparencia y anticorrupción como desde los derechos
humanos. El Estado, concebido muchas veces como el violador de derechos humanos o como
corrupto, es considerado como un enemigo. Sin embargo, de la misma forma que el Estado
viola derechos humanos o se encuentra involucrado en actos de corrupción, es también el
primer responsable de garantizar los derechos humanos. De la misma forma, la protección de
I N F ORME
