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En primer término, respecto de la última objeción planteada sobre la posibilidad que personas
acusadas de corrupción acudieran al sistema interamericano, es posible afirmar que esto de
ninguna forma corresponde a un obstáculo, sino por el contrario, es una forma de sinergia entre
ambos campos: las estrategias de lucha contra la corrupción no podrían en caso alguno ser una
excusa para la afectación de derechos humanos. Si, efectivamente, en el marco del combate
contra la corrupción se afectan garantías fundamentales, el SIDH debe ser capaz de responder
a estos excesos. Luchar contra la corrupción es un fin legítimo, pero no puede ser concebido
como un objetivo que debe ser alcanzado a toda costa, vulnerando los derechos humanos de
los imputados o de otras personas involucradas en las investigaciones. Para ello, sin embargo,
es importante que exista más conocimiento al interior del SIDH de las particularidades del
fenómeno de la corrupción y de las herramientas que existen para enfrentarlo. De esta forma,
se podrá considerar la particularidad del fenómeno de la corrupción y los desafíos que plantea
la investigación de esta clase de delitos, con el objetivo de balancear el interés público de la
persecución de la corrupción con los derechos fundamentales en juego.
Otro punto en el que insistieron los especialistas se refirió a la necesidad de enfatizar en los
enfoques preventivos por sobre los punitivos. Esto permitiría, primero, disminuir las tensiones
entre las garantías fundamentales con las políticas de represión de los hechos de corrupción,
en tanto el foco de la acción del Estado dejaría de estar en la persecución y sanción. En
segundo lugar, el enfoque preventivo permite superar los obstáculos identificados en relación
con la prueba de los actos de corrupción. Probar que hubo corrupción en un caso concreto es
muy difícil, y más aún, asignar responsabilidad a personas concretas atendiendo el elevado
estándar probatorio en materia penal. Por lo anterior, es recomendable concentrar las energías
menos en la persecución de delitos de corrupción y más en las condiciones y estructuras que
la hacen posible.
De esta forma, se vuelve a la idea que para trabajar el tema de la corrupción en el SIDH,
el enfoque debe ser el de mostrar la existencia de contextos de corrupción que facilitan la
ocurrencia de violaciones a los derechos humanos. La documentación de contextos de
corrupción en casos de derechos humanos sí resulta de utilidad: en la medida que permite
identificar las causas y las condiciones que permiten que se violen los derechos humanos,
permite elaborar diagnósticos claros y soluciones acordes a los problemas. Por lo anterior,
permite idear reparaciones en el marco de casos ante el SIDH reparando en parte el daño social
causado por la corrupción, y permite además justificar la solicitud de determinadas garantías de
no repetición de los hechos.
Para el cumplimiento de estos objetivos, es importante incorporar en el análisis de los casos
de violaciones a los derechos humanos un análisis técnico de los problemas planteados por la
corrupción. Para ello, se plantearon diferentes ideas. Una de ellas, sería incorporar en el litigio
de casos ante el sistema interamericano herramientas desde el campo de la transparencia
I N F ORME
