45
(audiencias públicas, declaraciones de relatorías, informes por país o temáticos) que no son tan
limitantes en términos de plazos.
En este mismo sentido, se recalcó nuevamente que el SIDH no debe ser concebido como
una forma de “solucionar” los problemas en materia de corrupción o incluso de derechos
humanos de la región, sino como una herramienta más entre muchas que puede acompañar
procesos de reforma que permitan el logro de estos objetivos. Así, pensando ya no tanto
en la fijación de estándares sino en la implementación de los mismos, una de las expertas
señaló distintas experiencias en las que el SIDH había tenido el rol no de impulsar, pero sí
de acompañar procesos nacionales de reforma judicial, que en ciertos casos han logrado
ser exitosos. Por ejemplo, es el caso de la reforma a la Corte Suprema Argentina llevada a
cabo en el año 2003. En esa ocasión, fueron justamente las denuncias de corrupción y de
irregularidades que afectaban a varios de los jueces supremos que gatillaron una alianza
entre distintas organizaciones de la sociedad civil
52
, que incluía tanto a organizaciones de
transparencia y anticorrupción como Poder Ciudadano –capítulo argentino de Transparency
International– como a organizaciones de derechos humanos como CELS. Estas organizaciones
elaboraron una serie de documentos denominados “Una Corte para la democracia”
53
, en los
que se realizaba un diagnóstico de la situación y se proponían soluciones concretas. En este
proceso, se utilizaron, además de principios propios del campo de la lucha contra la corrupción,
transparencia y rendición de cuentas, estándares fijados por organismos de derechos humanos
relacionados con independencia judicial, imparcialidad y acceso a la justicia. Al mismo tiempo
que se llevaba a cabo este proceso a nivel nacional, el CELS impulsó la realización de una
audiencia temática en la Comisión Interamericana sobre la “Situación de la administración de
justicia en Argentina”
54
. El gobierno entrante de Néstor Kirchner tomó la agenda de reforma y
llevó a cabo juicios políticos. Se logró modificar el proceso de designación de los magistrados
supremos, estableciéndose incluso un mecanismo de participación ciudadana y medidas de
transparencia en la gestión. Este proceso es un ejemplo exitoso de una demanda ciudadana
que fue canalizada por organizaciones de la sociedad civil, y que logró instalarse en las agendas
de los poderes del Estado
55
. En este proceso, el sistema interamericano de derechos humanos
52
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación
Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados
en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Unión de Usuarios y Consumidores.
53
CELS; ADC; Poder Ciudadano; FRAN; INECIP y Unión de Usuarios y Consumidores. “Una Corte para la
democracia I, II y III”. Buenos Aires: 2002-2003.
54
CIDH. Audiencia temática sobre la situación de la administración de justicia en Argentina. Realizada el 18 de
octubre de 2002 en el 116º periodo de sesiones de la CIDH. [en línea]
/
Hearings.aspx?Lang=es&Session=28&page=3>
[consulta: 15 enero 2012].
55
Para mayor información sobre el proceso de reforma de la Corte Suprema en Argentina y el rol de la sociedad
civil, ver: RUIBAL, Alba M. “La sociedad civil en el proceso de reformas a la Corte Suprema Argentina”.
Revista
Mexicana de Sociología
Vol. 70, No. 4, octubre-diciembre 2008, pp. 725-757. [en línea]
.
mx/pdf/321/32112523003.pdf>
[consulta: 15 enero 2012].
I N F ORME
