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difícil obtener la implementación de las decisiones provenientes de estos organismos, puesto
que los Estados cada vez desafiaban más su legitimidad. Esto podría poner en duda la utilidad
de iniciar una estrategia de lucha contra la corrupción que pasara por acudir a un mecanismo
que se concibe como “débil”.
Un quinto aspecto cuestiona la utilidad de vincular, en todos los casos, el problema de la
corrupción con el de los derechos humanos: en algunas ocasiones, pareciera que intentar
incorporar la perspectiva de la corrupción podría complicar el litigio de los casos de derechos
humanos ante el SIDH, en lugar de contribuir a su mejor solución. Las dificultades de probar
que efectivamente la fuente de la violación a los derechos humanos son actos de corrupción,
permitirían poner en duda si incorporar la mirada desde la corrupción aportará algo sustantivo
al resultado del caso.
Por último, algunos especialistas advirtieron sobre la posibilidad que las personas acusadas
de corrupción acudieran al sistema interamericano para la protección de sus derechos durante
los juicios. Esto, por supuesto, trajo a la luz el debate sobre las tensiones que pueden existir
entre la investigación de los actos de corrupción y la garantía del derecho a un debido proceso,
o bien otros derechos, como la privacidad o la integridad
50
. En efecto, algunas figuras que se
han utilizado en el combate contra la corrupción levantan dudas desde la perspectiva de las
garantías penales, como la figura del “enriquecimiento ilícito” que puede afectar el principio
de presunción de inocencia. Igualmente la utilización de testigos protegidos puede vulnerar el
derecho a la defensa. Por otro lado, los mecanismos para investigar fortunas o el destino de
los fondos pueden llevar a lesionar seriamente el derecho a la privacidad de las personas que
se ven involucradas en la investigación. Finalmente, los problemas probatorios en los casos
de corrupción, así como la dificultad para determinar la proporcionalidad de las penas, son
cuestiones en las que pueden generarse tensiones entre derechos humanos y estrategias de
lucha contra la corrupción. Todos estos aspectos podrían generar reclamos por parte de los
imputados en delitos de corrupción, y se podría esperar que recurrieran al sistema interamericano
para la protección de sus derechos.
Superando los obstáculos: apuntando a las sinergias entre ambos
campos
Respecto de cada uno de los obstáculos identificados en la sección anterior, fue posible evaluar
respuestas o formas de superarlos.
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Al respecto, un reciente caso conocido por la Corte IDH en contra de Venezuela permite ilustrar de forma
bastante clara los conflictos que pueden presentarse entre los procedimientos de sanción administrativa en
casos de corrupción, los derechos políticos de las personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos y las
garantías de un debido proceso. Ver en el Anexo 2: Corte IDH.
Caso López Mendoza vs. Venezuela.
Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011. Serie C No. 233, y en particular, los votos
concurrentes de los jueces Diego García Sayán y Eduardo Vio Grossi.
I N F ORME
