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como el análisis presupuestario, el mapeo de procesos de licitaciones públicas, el desarrollo de
indicadores y los análisis econométricos que permiten mostrar los déficits en la asignación de
recursos por parte de las instituciones estatales, y su consiguiente repercusión en la garantía y
respeto de los derechos humanos. Por otro lado, se propuso utilizar los informes del MESISIC,
los que informan sobre el nivel de cumplimiento de los Estados de las obligaciones contraídas
en la Convención Interamericana contra la Corrupción
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. Estos informes, que establecen
únicamente recomendaciones pero no contemplan un mecanismo de sanciones, podrían verse
potenciados a través de su utilización en el marco de casos ante el SIDH, en particular en las
sentencias de la Corte IDH, las que tienen valor vinculante para los Estados.
Ahora bien, esta obligatoriedad de las sentencias de la Corte no significa que los Estados
vayan efectivamente a cumplirlas, y el SIDH, como todos los mecanismos de protección de
derechos a nivel internacional, no tiene mecanismos de sanción en contra de los Estados.
Es decir, vuelve a plantearse el problema de la implementación de las resoluciones del SIDH,
que fue señalado como uno de los principales obstáculos. Al respecto, algunos especialistas
señalaron que el problema de la implementación no es un problema nuevo en el sistema: la
dificultad en lograr el cumplimiento de las sentencias y resoluciones se deriva de la estructura
misma del sistema internacional de protección de los derechos humanos. En este sentido, no
es una cuestión pasajera, sino que hace parte de las luchas constantes para lograr el respeto
y la garantía de los derechos en la región. Como todo proceso que consiste en cuestionar los
privilegios de ciertos grupos o personas, se trata de una tarea que genera resistencias, y que no
es ni fácil ni rápida, pero en la que hay que ir avanzando de forma paulatina para ir consiguiendo
resultados.
Por otro lado, en atención al problema de la extensa duración de la tramitación de casos ante
el SIDH que impedirían implementar en un plazo razonable las estrategias recién descritas, se
presentaron algunas ideas para aminorar este obstáculo. Una de ellas, es pensar en incorporar
la perspectiva de la anticorrupción y transparencia en casos que ya se encuentran presentados
ante el SIDH. Es decir, en lugar de comenzar el litigio de un caso desde un inicio a nivel nacional
para luego llevarlo a instancias internacionales, la idea sería evaluar si, en los casos que
están actualmente en tramitación, hay alguno que permitiría incorporar los enfoques desde la
corrupción. Además, es posible realizar estudios sobre la jurisprudencia y sobre las medidas
de reparación ya existente en el sistema interamericano, que permitan visualizarlas con nuevos
ojos, pensando ahora en cómo los estándares asentados pueden constituir efectivamente una
ayuda en el combate a la corrupción.
Más aún, debe tomarse en cuenta que los casos individuales –donde se presenta este retraso en
el tratamiento de las causas– no es la única herramienta del SIDH, y que hay otras alternativas
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Ver los informes del MESICIC [en línea]
<
>
[consulta:
31 mayo 2012].
I N F ORME
