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Asimismo, un participante compartió la experiencia de algunas organizaciones que trabajan en
supervisión presupuestaria, las que han comenzado a trabajar con las instituciones superiores
de fiscalización (Contralorías, Tribunales de Cuentas) para que el control que éstas efectúan
al gasto público no sea únicamente el de un control formal, sino el de una supervisión más
sustantiva de la garantía de los derechos: es decir, en la evaluación, debiera considerarse si
la partida se gastó, pero además si la forma en la que se gastó permitió efectivamente cumplir
el rol de protección o garantía de los derechos a la que estaba destinada. Esto, obviamente,
implica repensar de muchas formas el rol de estas instancias, pero es una forma de comenzar
a vincular las cuestiones de eficiencia en la gestión pública con la de garantía efectiva de los
derechos humanos.
OBSTÁCULOS, sinergias y Actores
Los obstáculos: evaluando las limitaciones del SIDH
Si bien hubo un acuerdo transversal en las prometedoras perspectivas de incidencia conjunta,
varios/as especialistas plantearon en la discusión ciertos reparos respecto de la utilización del
SIDH.
El primero de ellos, es que la utilización del SIDH no es un fin en sí mismo: se trata de una
herramienta más entre muchas, que debe utilizarse en conjunto con otras estrategias de acción
tanto para lograr un mayor respeto de los derechos humanos en la región, como para luchar en
contra de la corrupción. En este punto hubo consenso entre todos/as los/as especialistas.
En segundo lugar, se presentaron objeciones de fondo a las posibilidades de acción del SIDH,
en especial, en su capacidad de responder a las demandas por mayor participación e igualdad
social, y a su limitada acción en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales.
Tanto para responder a las demandas estructurales de los grupos más vulnerables que se
han planteado dentro del mismo movimiento de derechos humanos, como para poder abordar
correctamente el fenómeno de la corrupción, se requiere poder avanzar en materia de DESC y
de participación, y el SIDH hasta ahora no ha sido demasiado fuerte en ninguno de estos dos
aspectos.
Por otro lado, el SIDH tiene otros inconvenientes de índole más práctica, en particular, el enorme
retraso procesal en el tratamiento de sus casos: el SIDH ha sido una herramienta útil en ciertos
casos líderes, pero bastante lenta. Plantear un caso que debe litigarse a nivel interno, agotar los
recursos internos y luego llevarlo ante la Comisión y eventualmente ante la Corte es un proceso
que puede llevar entre 7 y 10 años, si no más.
Un cuarto punto en el que insistieron varios/as especialistas fue el problema de la implementación
de las resoluciones que provienen de los órganos del sistema interamericano. Un experto planteó
que el SIDH podía considerarse como un mecanismo “debilitado”, en tanto cada vez sería más
I N F ORME
