28
quejas y reclamos, la ejecución presupuestaria, entre otros
24
). En este sentido, este proyecto da
cuenta del interés de TI por la lucha contra la pobreza y la garantía y protección de los DESC
de los sectores más vulnerables.
Con todo, un análisis de estos programas desde una perspectiva de derechos humanos requiere
no solamente un enfoque que analice la transparencia y rendición de cuentas en la entrega de
los fondos: el principio de igualdad y no discriminación debe aplicarse también transversalmente
en todas las etapas de estos programas. Esto implica el diseño de criterios razonables en
los requisitos para ingresar al programa; una aplicación no arbitraria de los mismos; criterios
flexibles y no automáticos en la supervisión del cumplimiento de las condiciones; la provisión
de montos aceptables; así como garantizar que en la ejecución de estos programas –cuyas
principales destinatarias son las mujeres– no se reproduzca la violencia de género. Además,
desde el punto de vista de los DESC, implica la no regresividad en la aplicación de estas
políticas sociales, y la garantía progresiva de sistemas de protección social universales que
no pueden ser reemplazados por los PTC
25
. Por tanto, es posible pensar en profundizar la
mirada de derechos que actualmente se aplica en el proyecto de TI sobre programas de
transferencias condicionadas. Así, es posible visualizar cómo la perspectiva de la promoción de
la transparencia y anticorrupción se puede complementar con la de derechos humanos, con el
objetivo de analizar las políticas de lucha contra la pobreza.
⋅
Oficinas de Atención Legal Anticorrupción (ALAC)
Las Oficinas de Atención Legal Anticorrupción de TI ya existen en 55 países en el mundo. En
América Latina son de reciente creación, y hoy en día existen oficinas en Argentina, Guatemala,
Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Estas oficinas buscan brindar asesoría legal a
las víctimas y denunciantes de corrupción, acompañándolos en su proceso de denuncia. Su
labor se puede ver tanto como una forma de protección de la integridad de las víctimas y
denunciantes como una manera de promover el acceso a la justicia de los mismos.
Estos proyectos podrían beneficiarse grandemente de la experiencia de las organizaciones
de derechos humanos en el litigio y acompañamiento de casos, así como en la protección de
denunciantes.
24
Ver por ejemplo Acción Ciudadana (Capítulo guatemalteco de Transparency International
). Análisis y
tratamiento de riesgos de integridad en los procesos de implementación del programa ‘Mi Familia Progresa’.
Ciudad de Guatemala: 2010. [en línea]
<
de%20int%20Ronalth%20M%20A%20Erazo.pdf>
[consulta: 15 diciembre 2011].
25
Ver Consejo de Derechos Humanos, Asamblea General de Naciones Unidas.
Informe de la Experta
independiente encargada de la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza, Magdalena Sepúlveda
Carmona.
27 de marzo de 2009, A/HRC/11/9. Ver también: FAO.
Informe de relatoría: Taller de expertos “Los
Programas de Transferencias Condicionadas desde un enfoque de Derechos”
, op. cit.
I N F ORME
