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Una vez que el debate sobre las reformas asume la neutralidad de género en las
transformaciones societales de la época y, por tanto, omite del proceso de ampliación
democrática la atención a los déficits de ciudadanía de las mujeres, el movimiento
de mujeres va a interpelar la orientación de esta suerte de modernización excluyente
y va plantear su propia agenda en la búsqueda de un nuevo pacto entre el Estado
y las mujeres.
En contraste con la perspectiva feminista de la década pasada, los años noventa
funcionan como un punto de inflexión. Desde la sociedad civil, diversas
organizaciones de mujeres y feministas van a marcar un proceso de conversión en
sus estrategias políticas y discursivas en torno a su relación con el Estado. La visión
del Estado como un lugar monolítico y homogéneamente patriarcal va a ceder su
lugar a una percepción que lo identifica como un escenario complejo de fuerzas
políticas y prácticas diversas, que es posible permear desde las agendas feministas.
De este modo, el movimiento de mujeres va a desplegar una interlocución más
activa con el espacio público político, aprovechando los intersticios que se abren al
calor de las reformas legales e institucionales y de un contexto internacional abierto
por Naciones Unidas que colocó los contenidos de las nuevas agendas globales,
a través de las Cumbres y Conferencias Mundiales sobre temas de democracia y
derechos de las mujeres.
En sintonía con el protagonismo del movimiento internacional de mujeres, que logra
movilizar propuestas y obtener compromisos gubernamentales muy importantes
respecto a normativas de género en las políticas públicas, tal como se observa en el
impacto de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing (1995), en Bolivia
las mujeres van a aprovechar estos nuevos espacios para incidir en la agenda de
reformas y en los procesos políticos hacia una democratización más incluyente.
Con la experiencia de saberes y conocimientos acumulados en la gestión sobre los
derechos humanos de las mujeres en la sociedad civil y con la cobertura de largos
años de trabajo feminista en las ONGs, de participación en redes temáticas y otros
espacios alternativos, las mujeres se acreditan como un actor institucional con
voluntad de poder para acceder al espacio estatal y gestionar políticas de género.
De hecho, la profesionalización y experticia adquirida por las mujeres en su
trayectoria feminista, les permitiráaumentar sucapacidaddepropuestaynegociación
para recuperar las instancias gubernamentales como lugares legítimos desde donde
interactuar con otros actores y acceder a un capital político y simbólico, capaz de
influir en las decisiones públicas y gestionar un tipo de institucionalidad que rompa
con las interpelaciones neutras o asistencias del Estado. Como correlato de esta
reconversión, en 1993 se crea la Subsecretaria de Asuntos de Género, el primer
“cuarto propio” en el Estado, con la misión de producir un corpus de políticas que
