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Visto en retrospectiva y desde este punto de vista, es claro que van a quedar
como desafíos pendientes para la próxima década, el pasar de la denuncia en los
márgenes del poder a conciliar el feminismo con un crítica a los rígidos márgenes
del ámbito de lo político. No será efectivamente hasta los años noventa cuando
se tome la decisión de diseñar estrategias de inclusión en la comunidad política,
participar en el juego democrático y desafiar las brechas de género en el ejercicio
y titularidad del poder estatal.
II. Democratizando la democracia
La década del noventa de la centuria precedente está signada en Bolivia por
una derrota de la izquierda y un período de profundas y controvertidas reformas
económicas y político-institucionales, llamadas de segunda generación, encargadas
de modernizar el Estado y sus estructuras de poder para adecuarlas a un nuevo tipo
de relacionamiento entre el Estado y la sociedad, marcado por una expansión global
del modelo económico neoliberal. Los cambios en la economía están marcados
por un complejo proceso de privatización de las empresas estatales y la promoción
del libre mercado, enmarcadas en la Ley de Capitalización (desnacionalización de
las principales empresas públicas).
Asimismo, a contrapelo con el ciclo conservador del neoliberalismo, se impulsan un
conjunto de reformas jurídicas institucionales que abren espacios de participación
a nuevos actores sociales, indígenas, regionales y femeninos. Como parte del
proceso de descentralización del Estado, se aprueba la Ley de Participación
Popular (1994), que fortalece la municipalización, amplía las competencias a los
poderes locales y crea mecanismos de participación ciudadana
8
. Se sanciona la
Ley de Descentralización Administrativa (1994), se impulsa la Ley de Reforma
Educativa (1994), se modifica la Ley Electoral en la que se incluye la definición
de diputaciones uninominales en el ánimo de fortalecer el vínculo entre sociedad
civil y Estado y legitimar la representación política. Y, en el ámbito constitucional
(1994), fruto de la interpelación del carácter colonial del Estado, la Carta Magna
recoge la noción de Estado multiétnico y pluricultural, aunque no plasma políticas
para implementarlo.
Como es una larga tradición de la vida política, las líneas estratégicas de estas
reformas ignoran las desigualdades de género, a diferencia de lo que sucede
con la demanda étnico-cultural de los pueblos indígenas, que logra tímidamente
incorporarse en el diseño de un Estado que secularmente rechazó su presencia.
8
GRAY-MOLINA, George, Ernesto Pérez de Rada, Ernesto Yañez (1999). La economía política
de reformas institucionales en Bolivia. Banco Interamericano de Desarrollo. Red de Centros de
Investigación. Documento de Trabajo R-350
