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de los ciudadanos de hacer oír su voz sobre las problemáticas que los afectan.
En este sentido, hay una demanda por la adaptación de las estructuras que los
representan
16
. Ejemplo de ello es la implementación de mecanismos de consulta
en los gobiernos locales y la conformación de órganos consultivos integrados por
distintos representantes de la sociedad civil, tanto a nivel local como nacional.
Se busca con ello que la participación de la ciudadanía sea más directa e incida
en la toma de decisiones, porque “los derechos de la ciudadanía representan una
manera de formalizar el ideal de autonomía moral y política de los individuos”
17
.
Fortalece la articulación de este concepto, la inquietud por la calidad de la
democracia y por la necesidad de ampliar los modelos de participación ciudadana.
No obstante, estas ideas contrastan con el escenario actual que potencia el
accionar individual y, por tanto, donde la incidencia de los actores sociales se
vuelve precaria.
En las últimas décadas en América Latina, factores estructurales relacionados con
el sistema económico y la protección social han acentuado las desigualdades
en algunos sectores sociales. Es evidente el aumento de la brecha entre pobres y
ricos, y dentro de estos grupos, entre mujeres y hombres. Ante estos escenarios se
piensa en la ciudadanía casi como sinónimo de participación política
.
Se plantea
que dentro de los derechos ciudadanos está el derecho a movilizarse, constituir
proyectos colectivos y generar una plataforma que signifique reivindicaciones y
superación de situaciones de desigualdad. Y en efecto así es. La ciudadanía activa
conlleva el ejercicio de la participación. Sin embargo, reducir la ciudadanía al
ejercicio de este derecho puede resultar no sólo restrictivo, sino además un nuevo
escenario de desigualdad cuando se trata de sujetos al margen del poder.
Históricamente la idea de una ciudadanía activa surge tras el agotamiento de los
Estados de Bienestar. En este contexto, la ciudadanía se basa en el reconocimiento
de los derechos sociales, donde los ciudadanos son vistos como clientes del Estado.
La consecuencia inmediata de esta dinámica de clientes individuales frente al Estado
es la despolitización de la ciudadanía. Esta despolitización viene acompañada de
un diseño de políticas y programas sociales orientados a los grupos más vulnerables.
Con ese diseño, las organizaciones sociales ven restringido su campo de acción, por
cuanto pasan a representar ya no expectativas ciudadanas sustantivas sino intereses
de un “público objetivo” o, más precisamente, de beneficiarios/as de políticas.
16 BENEDICTO, Jorge y ROMÁN, María Luz. Los significados de la ciudadanía activa. En: La
construcción de una ciudadanía activa entre los jóvenes. [En línea] Madrid, Instituto de la
Juventud, 2002, pp. 5-46.
[Consulta: 16 de septiembre de 2010].
17 MONSIVÁIS, Alejandro. La ciudadanía a debate: memoria, no-dominación y esfera pública. En:
RODRÍGUEZ, Ileana y SZURMUK, Mónica (eds.). Memoria y Ciudadanía.
Op. cit.
, p. 42.
