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DERECHOS HUMANOS Y JUICIO JUSTO
• ¿Se han establecido etapas en un plan estatal para alcanzar el fin buscado?
• ¿Cuál es el mecanismo de control de las metas planteadas?, ¿se han diseñado e
implementado mecanismos políticos o judiciales de control?
De esta forma, la obligación de respeto en los casos de derechos prestacionales podrá ser
objeto de control, tanto nacional como internacional
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.
2.2. Obligación de garantía
La obligación de GARANTÍA
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, por su parte, se traduce en la obligación que asume el
Estado de promover, a través de sus órganos, la posibilidad real y efectiva de que sus
ciudadanos ejerzan los derechos y disfruten las libertades que se les reconocen. Es decir,
el Estado está obligado a crear condiciones efectivas que permitan el goce y ejercicio de
los derechos consagrados en la Convención, cualquiera sea su contenido normativo. Esta
es una obligación complementaria a la de respetar, ya que no solo implica el cumplimiento
estricto del mandato normativo que establece cada derecho, sino una obligación positiva
de crear condiciones institucionales, organizativas y procedimentales para que las
personas puedan gozar y ejercer plenamente los derechos y las libertades consagrados
internacionalmente. Los alcances de esta obligación han sido desarrollados por los órganos
de control internacional, en especial por parte de la Corte Interamericana
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.
La obligación de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos implica siempre la
adopción de medidas positivas. Podemos distinguir las siguientes formas de cumplimiento
de la obligación de garantía: A) la obligación del Estado de asegurar el pleno goce y ejercicio
de los derechos, B) el deber de proteger a las personas frente a amenazas de agentes
privados o públicos en el goce de los derechos, C) adoptar medidas de prevención general
frente a casos de violaciones graves de derechos, D) reparar a las víctimas y E) cooperar
con los órganos internacionales para que estos puedan desarrollar sus actividades de
control.
garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de él. Para determinar cuál es la mejor forma de dar eficacia
jurídica a los derechos reconocidos en el Pacto es importante tener en cuenta la necesidad de asegurar la justiciabilidad
(véase párrafo 10 infra). En segundo lugar, ha de tenerse en cuenta qué medios han resultado más eficaces en el país
de que se trate para garantizar la protección de otros derechos humanos. Si los medios utilizados para dar efectividad
al Pacto difieren significativamente de los utilizados para dar efectividad a otros tratados sobre derechos humanos, debe
haber una razón imperiosa para ello, teniendo en cuenta que las formulaciones utilizadas en el Pacto son, en gran medida,
comparables a las de los tratados sobre derechos civiles y políticos”. Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de Naciones Unidas. Observación general N° 9. La aplicación interna del Pacto, 19° período de sesiones, 1998,
publicada en HRI/GEN/1/Rev.7, párr. 7.
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Sobre la relación del control nacional e internacional en materia de derechos con un fuerte componente prestacional, ver
ABRAMOVICH, Víctor. “Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo”. Revista de
la CEPAL, N° 88, abril 2006, pp. 35-49.
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MEDINA, Cecilia y NASH, Claudio.
Manual de Derecho Internacional de los Derechos Humanos para Defensores Públicos
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Sección doctrina. Documentos Oficiales, Centro de Documentación Defensoría Penal Pública, No. 1, diciembre 2003.
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Al respecto, la Corte ha señalado: “Esta obligación implica el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato
gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de
manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos” Corte IDH.
Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 28 de julio de 1988, Serie C N° 4, párr. 166.
