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RI:
Lo que posibilita que las mujeres accedan a la ciudadanía, es la posición de
privilegio que feministas (mujeres y hombres) de clase media, urbanas y blancas
han alcanzado a lo largo de las décadas, para desde allí continuar la lucha por la
efectiva aplicación de los derechos ciudadanos de las mujeres. Sin embargo, lo que
impide un ejercicio pleno de derechos ciudadanos para todas las mujeres no es tan
solo el patriarcado y el machismo estructural de nuestras sociedades, sino también
la falta de reconocimiento a diversas pautas feministas y de mujeres no feministas
que demandan dignidad y justicia desde distintas formas de concebirse ciudadanas
y mujeres. El derecho a la salud individual y comunitaria, el derecho a la educación
individual y en comunidades, el derecho al desarrollo y el derecho al descanso,
son derechos urgentes y tan importantes como el derecho al reconocimiento de
prácticas culturales y concepciones culturales de las mujeres que cuestionan temas
y teorías centrales del feminismo urbano, blanco y occidental, tal como el supuesto
proceso de individuación como pre-condición de emancipación.
¿Cómo el derecho (normas nacionales e internacionales, políticas públicas) puede
avanzar en asegurar el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres de la región?
CG:
Operando cambios legislativos dirigidos a conseguir la igualdad y el
reconocimiento de mujeres y hombres, cambios que consigan transformar las
ideologías sexistas enraizadas en la mayor parte de las tradiciones culturales,
doctrinas religiosas y científicas. Por ejemplo, en la recién reformada Constitución
de la República Dominicana se concibe la vida desde el momento de la concepción,
lo que claramente limita los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio
cuerpo. Asimismo, el derecho puede garantizar el ejercicio de la ciudadanía
haciendo cumplir los convenios internacionales, desarrollando políticas públicas
que pongan en el centro la reproducción de la vida digna y de la sostenibilidad de
la vida.
ER:
Colombia está llena de leyes que tradicionalmente no se cumplen o que acaban
modificadas sustancialmente en las normas que las desarrollan. La Declaración
de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un avance
sustancial para el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres indígenas. Si bien la
Declaración no contiene todos los derechos anhelados por los pueblos, es un paso
importante y confiere derechos superiores al Convenio169de laOIT, particularmente
en áreas como el derecho a la tierra, el territorio y el consentimiento libre, previo e
informado, que son muy importantes para la vida de las mujeres indígenas.
En Colombia, nadie difunde ni utiliza dicha Declaración. Ni el Sistema de Naciones
Unidas y menos el gobierno Colombiano, que se opuso incluso a lo que era
diplomáticamente conveniente. Tampoco las organizaciones indígenas, quienes
se quedaron con el Convenio para impulsar sus luchas y reivindicaciones. La
