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El hecho es que pocas mujeres indígenas participan en sus gobiernos propios.
En muchos casos, no acceden a la formación política necesaria para acceder a
las estructuras de gobierno de sus pueblos, lo que se pretende justificar con la
noción de que para ellas la obligación principal es el cuidado de la familia, espacio
privilegiado para la preservación y el fortalecimiento de las culturas indígenas.
Asimismo, la violencia contra las mujeres indígenas al interior de sus comunidades
es una realidad. Esto es ocultado en la mayoría de las etnias por considerarse hechos
del ámbito privado y que, de conocerse o tratarse como en el mundo no indígena,
debilitarían o llevarían a cuestionar la autonomía de las comunidades indígenas.
Se debe priorizar el trabajo con las mujeres indígenas en la apropiación de
derechos, poder y gobierno. Por otra parte, debe asegurarse la plena participación
democrática de las mujeres indígenas en los gobiernos propios como elemento
fundamental para la sobrevivencia del movimiento indígena.
MM:
Considero que el principal elemento que impide una ciudadanía plena tiene
que ver con la propia adscripción de una persona como ciudadana o no, en función
de su estatus como nacional. Los procedimientos de adscripción funcionan como
mecanismos de exclusión de los derechos para ciertas personas y, además, como base
para la segmentación social. Es decir, conviven en el mismo territorio personas que
gozan de derechos de ciudadanía con personas que no, lo cual engendra diferentes
tipos de discriminación. Por otro lado, la idea de ciudadanía está basada en una
forma particular de entender la convivencia y de organizar los asuntos públicos
que es propia de las sociedades patriarcales y xenófobas actuales y se aleja de otras
concepciones o formas de organización social (como pueden ser, por ejemplo,
formas de organización de etnias no hegemónicas). En el caso de las mujeres, la
organización patriarcal dominante las coloca en situaciones de desigualdad frente
a los hombres, lo cual niega algunos de sus derechos humanos fundamentales,
como por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, de participación pública,
de acceso a diferentes espacios de la vida social, etc. En cuanto a los elementos
que facilitan la ciudadanía plena, nombraría los procesos de lucha que reivindican
derechos sociales, económicos y políticos desde organizaciones de base, y que
históricamente han contribuido al reconocimiento de algunos derechos para las
mujeres y otros colectivos. Finalmente, la lucha para una ciudadanía plena debe
atacar diferentes flancos: el relacionado con el derecho internacional, transformando
la forma en la que se designa la propia ciudadanía; aquel relacionado con las
consecuencias del patriarcado en el espacio público (nichos laborales, espacios de
representación política, entre otros) y en el privado (roles asignados a las mujeres,
violencia hacia las mujeres en el ámbito doméstico, el derecho sobre el propio
cuerpo, etc.) y, finalmente, aquel referido al fortalecimiento de las iniciativas que
reivindican derechos para diferentes grupos sociales.
