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Las reformas sobre justicia indígena enMéxico son parte del proceso
demodernización judicial que busca fomentar lamediación y la resolución
alternativa de conflictos. Prevalecen las ideologías liberales que acotan el
ejercicio del derecho indígena a lo considerado aceptable por la ley na-
cional y al marco definido por los derechos humanos y la Constitución.
Con más o menos fuerza podemos afirmar que estos procesos promue-
ven la oficialización de la justicia indígena para adecuarla a los marcos
constitucionales, contribuyendo con ello a su regulación y a nuevas formas
de gobernabilidad hegemónica. Las modalidades del reconocimiento en
las legislaciones estatales son diversas, pero se enmarcan en un pluralismo
jurídico aditivo y subordinado que reconoce a las justicias indígenas como
justicias alternativas y de mediación (Puebla, Quintana Roo, Campeche,
Hidalgo, entre otras); o bien al reconocimiento acotado de una justicia
indígena comunitaria (Oaxaca, San Luis Potosí). Todas ellas son vistas
como justicias auxiliares y enfrentan fuertes restricciones en términos de
sus alcances y competencias generalmente para tratar asuntosmenores.A
pesar de losmarcos restrictivos del reconocimiento de la justicia indígena
se han generado procesos de reivindicación identitaria y de fortalecimien-
to de la autoridad étnica por parte de comunidades y organizaciones indí-
genas que buscan readecuar y redefinir dichosmarcos legales con resulta-
dos distintos, que no es caso analizar en este texto (cfr. Sierra, 2009;
Assies, 2003).
Adiferencia de lo que sucede en países con avanzadas legislaciones en
materia de justicia y derechos indígenas, como es el caso de Colombia,
Ecuador y Bolivia, en el casomexicano prevalece la tendencia de reducir
y controlar los alcances de la justicia indígena, reproduciendo una visión
colonialista de los derechos que considera como "peligroso" el que com-
petencias de las autoridades indígenas puedan ampliarse ante el temor
que se justifiquen con ello violaciones a los derechos humanos. Dicho
temor revela las ideologías excluyentes del positivismo jurídico que domi-
nan en una buena parte de las elites políticas mexicanas, compartidas por