198
a) La experiencia del Juzgado Indígena de Cuetzalan, analizado por
Claudia Chávez yAdriana Terven (2013), revela el doble proceso que
trajo consigo la instalación de esta nueva institución en la Sierra norte de
Puebla
11
. Por un lado, las reglamentaciones y decretos que definieron lo
que sería la justicia indígena legitimada en Cuetzalan, con fuerte impacto
en el campo jurídicomunicipal y comunitario, y por otro, la respuesta de
las organizaciones indígenas que consiguieron incidir en las nuevas instan-
cias de la justicia indígena oficial. El eje del reconocimiento se centró en
los juzgados indígenas y los nuevos jueces indígenas; instancias y autori-
dades construidas desde los imaginarios de las elites judiciales poblanas
que se sobrepusieron a la justicia indígena vigente a nivel comunitario, la
justicia de paz, cuyo reconocimiento quedó en la ambigüedad. De esta
manera se propició la fragmentación de las autoridades indígenas -jueces
de paz en las comunidades y nuevos jueces indígenas-, pero al mismo
tiempo se abrió un nuevo espacio a nivel municipal, el Juzgado Indígena,
que ha generado expectativas y opciones para fortalecer lo que se está
reconstruyendo como justicia indígena desde el derecho propio, que va
más allá del modelo folklorizante y de justicia alternativa impuesto por el
Estado
12
. El trabajo deAdriana Terven y Claudia Chávez de manera fina
desgrana las implicaciones de este proceso en las dinámicas cotidianas
del campo jurídicomunicipal y comunitario, dando cuenta de las tensiones
y ambigüedades que hanmarcado el reconocimiento de la justicia indíge-
na en Cuetzalan. Destacan el hecho clave de que en el Código de Proce-
dimientos Civiles (2005), donde se elabora sobre la justicia indígena, lo
que se garantiza es el acceso de los indígenas a la jurisdicción del Estado,
y no como pareciera suponerse la jurisdicción indígena; por eso conclu-
yen que se trata de nuevas tecnologías de gobierno basadas en la simula-
ción (Chávez yTerven, 2013). Estamisma lógica da lugar a fuertes ambi-
güedades en la ley, lo que permite que se abran fisuras que han sido apro-
vechadas por las organizaciones indígenas para disputar los sentidos y
categorizaciones impuestos por el Estado, posibilitando la apropiación de