El rol de la sociedad civil argentina en los procesos a favor de la integridad… / Roberto Saba / pp. 17-30
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estándares éticos que deben aplicarse a la función pública o al sector empresarial privado que
interactúa con el Estado. Códigos de conducta, tribunales de ética, cursos para funcionarios en
materia de conflictos éticos, incluso clases o actividades educativas en las escuelas, son algunas
de las medidas usualmente sugeridas desde este enfoque.
Finalmente, y como consecuencia de un claro impacto de posturas provenientes de expertos y
académicos de los Estados Unidos especializados en teoría de la decisión racional (
rational choice
)
y en análisis económico de las instituciones, surgió lo que podríamos denominar un enfoque
preventivo o estructural.
Según esta aproximación, que no descarta la necesidad del castigo y la
importancia de una educación ética adecuada, se considera que en un contexto de “hipercorrup-
ción” como el que vivía la Argentina, sólo podría encararse con éxito el objetivo de terminar con
(o reducir) el problema si se atacaban sus causas estructurales.
Este enfoque estima que existen
instituciones mal diseñadas que actúan como “corruptógenas”, diseño de mecanismos de control
y monitoreo de la gestión pública inefectivos y sistemas de toma de decisión poco transparentes
que facilitan un fenómeno que crece en la oscuridad y el secreto.
Frente a la estimación de que
el enfoque judicial tenía, desde este último punto de vista, demasiada confianza en los jueces,
y el enfoque ético una exacerbada esperanza en la educación y el cambio cultural, emerge este
enfoque que apunta a modificar factores estructurales.
Las diferentes soluciones y estrategias sugeridas e implementadas en la década de 1990 giraron
en torno a esos tres enfoques o ejes. Algunas de estas iniciativas han sido percibidas como meras
declamaciones carentes de efectividad o tendientes a aportar soluciones cosméticas a un proble-
ma de raíces profundas
12
.
Por ejemplo, la estrategia judicial, en un contexto de baja efectividad
del sector justicia, posterga el problema al trasladarlo a un ámbito que no es el más apropiado
para atacar un fenómeno estructural
13
.
Las soluciones de tipo educativas pasan a ser ingenuas
en un contexto donde ser corrupto no parece implicar consecuencias negativas, ni cultural ni
legalmente. En un cuadro general contexto de “hipercorrupción”
14
, las soluciones que sí podrían
funcionar en casos excepcionales de desvíos en el cumplimiento de la ley, resultan ineficaces.
En una administración dominada por la corrupción las soluciones deben buscarse en el redi-
seño de las instituciones y los procesos decisorios y de monitoreo que facilitan las actividades
corruptas, en lugar de actuar ex post en un número creciente e incontrolable de “excepciones”
o “desviaciones” que son, en verdad, la regla.
Si bien la consolidación de una cultura ética y el
robustecimiento del Poder Judicial son estrategias imprescindibles en la lucha contra la corrupción,
la búsqueda de la transparencia y el control, la disminución de los incentivos para la realización
de actos corruptos, el aumento de los costos por involucrarse en ellos y el diseño de instituciones
y mecanismos que impongan obstáculos a la comisión de actos de corrupción parecen ser las
estrategias más efectivas.
Por ello, el esfuerzo que siguió al de despertar conciencia en la ciudadanía, se dirigió a generar
una demanda específica de una solución determinada: diseñar políticas de prevención de co-
rrupción que revirtieran las prácticas dominantes. Esta tesis se basaba en los estudios del profesor
Robert Klitgaard, de la Universidad de Harvard, quien sostenía que la corrupción estructural (C)
se daba en contextos de ejercicio de poder hegemónico o monopólico (M), en los que la ley es
12
N
ino
C.
Op. Cit.,
nota 4.
13
M
oreno
O
campo
L.
Op. Cit.,
4.
14
La palabra está tomada de la obra citada de Moreno Ocampo.
También Carlos Nino en el libro señalado se refiere al
carácter “estructural” del problema de la corrupción aunque no exactamente por las mismas razones que Moreno Ocampo
aunque similares. No ya para el caso argentino, sino desde un punto de vista más teórico que podría ser aplicado con
facilidad al país que nos ocupa, se puede afirmar que en la misma dirección se encuentra el trabajo de A
ckerman
S.
Corruption: A Study in Political Economy
, New York Academic Press.
