Transparencia y Probidad Pública. Estudios de Caso en América Latina
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La sanción del decreto 1172/03, que contiene un reglamento de acceso a la información en
manos de la administración pública central, debilitó el argumento acerca de la necesidad de
una ley de acceso a la información
20
.
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La alianza original de ONGs y medios de comunicación se vio debilitada por diferencias
en cuanto a los contenidos de la ley (sobre todo al incluirse a los particulares como sujetos
pasivos) y la estrategia a adoptar frente a ambas Cámaras.
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Las ONGs no lograron sumar a su reclamo a amplios sectores de la ciudadanía que proba-
blemente no veían la relación de esta ley con su vida cotidiana. No habiéndose construido
una demanda amplia por esta legislación, no había incentivos para que la dirigencia política
sintiera la necesidad de sancionarla.
•
El apoyo a la ley desde los medios provino sobre todo de los diarios
Clarín
y
La Nación
.
El
primero es percibido por la dirigencia política como parte de un conglomerado cuyo apoyo
es tan necesario como su oposición temida.
El segundo se encuentra asociado a posiciones
conservadoras, y es percibido por el gobierno como la “voz de la oposición”.
Estos apoyos,
combinados con otros factores, pueden haber hecho pensar al gobierno que esta ley respondía
a intereses de corte opositor.
iv.
Análisis crítico del proceso de promoción de una ley de acceso a información pública
La mayor dificultad en este proceso se presentó una vez en el Senado, luego de haber logrado que
el Poder Ejecutivo hiciera propio un buen proyecto de ley y lo enviara a la Cámara de Diputados.
Una vez aprobado por este cuerpo, la Cámara alta introdujo, como se señaló más arriba, al menos
una modificación que dividió a la alianza de ONGs: la inclusión de privados como sujetos pasivos
de la obligación de brindar información.
Los medios aliados que estaban apoyando la campaña
debilitaron su compromiso por temor a que la ley fuera usada por el gobierno para indagar acerca
de sus fuentes de información. Algunas ONGs que no estaban totalmente en desacuerdo con el
cambio introducido, no estaban dispuestas a confrontar con el gobierno. Otras, en desacuerdo
con las primeras, proponían oponerse con fuerza a los cambios introducidos.
Una diferencia fundamental respecto de qué era lo que debía considerarse “información pública”
dividió a la alianza de ONGs.
¿Era información pública toda la información que se encontraba
en manos del gobierno o toda la información que fuera de interés público, y que incluso podría
estar en manos privadas?
La alianza nunca se recuperó del hecho de haberse explicitado esta
diferencia.
Frente al decreto 1172/03 de acceso a la información, la pregunta fue si su sanción implicaba un
hecho positivo para el mejor ejercicio del derecho a la información o si ella debilitaba la posibilidad
de lograr la sanción de una ley de acceso a la información.
¿Era posible manifestarse en contra de
este decreto por razones estratégicas sin entrar en la contradicción de no apoyar una norma que
mejoraba el contexto para lograr una mayor transparencia dentro de la Administración Central?
¿Tenía sentido plantear la cuestión como una opción entre el decreto y la ley?
La imposibilidad de lograr un acuerdo en torno a un objetivo común debilitó la alianza por una
ley de acceso a la información y paralizó al movimiento.
Con todo, el acuerdo amplio sobre
propuestas concretas y la identificación de responsables específicos en los diferentes poderes del
gobierno fue una estrategia exitosa.
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Hay muy buenas razones para insistir en una ley.
Ver S
aba
R.
“El derecho de la persona a acceder a la información
en poder del gobierno”.
En:
Derecho Comparado de la Información.
Número 3.
Enero-Junio, 2004, UNAM, México,
pp. 145-185.
