Transparencia y Probidad Pública. Estudios de Caso en América Latina
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desplazada por altos niveles de discrecionalidad (D) en la toma de decisiones públicas y bajos
niveles de transparencia (T). De allí la “fórmula” C = M + D - T
15
.
Este cambio de perspectiva
demandaba trasladar la atención de la opinión pública desde los jueces al Poder Ejecutivo. Según
Klitgaard, frente a situaciones de corrupción estructural, sólo son eficaces políticas que disminu-
yan la discrecionalidad de la autoridad y aumenten la transparencia de su actuar, siempre que de
ellas se haga responsable y tenga voluntad de impulsarlas el jefe de la organización burocrática
en cuestión.
Este cambio de paradigma respecto de la identificación del problema señalaba al Presidente y
a los otros “jefes” de estructuras burocráticas intermedias como los actores clave para terminar
con el problema de la corrupción. El gobierno del Presidente Menem insistía en que la estrategia
desregulatoria era su mejor credencial de éxito en la lucha contra la corrupción, mientras que los
medios de comunicación y la oposición política continuaban señalando prácticas corruptas desde
la administración, el parlamento y la justicia.
Además, la presión operada internacionalmente
por organizaciones no gubernamentales globales como Transparency International, organismos
internacionales intergubernamentales como la Organización de Estados Americanos, organismos
multilaterales de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, o
gobiernos extranjeros que veían afectados los intereses de sus propios ciudadanos o empresas
cuando debían hacer negocios en Argentina, condujo a la necesidad de que el gobierno diera
nuevas respuestas al problema de la corrupción.
En este contexto se creó, dentro de la órbita de
la Presidencia de la Nación, la Oficina Nacional de Ética Pública, de similares características a
la existente en el gobierno de los Estados Unidos.
Esta Oficina, establecida en 1997 a través del
decreto Nro. 152/97, actuaba sobre los empleados de la Administración Pública Nacional. Tenía
cuatro competencias centrales: (i) la redacción de un Reglamento Nacional de Ética Pública y
reglamentos específicos de cada área de la Administración central; (ii) la creación y desarrollo de
programas de seguimiento y control de la situación financiera y patrimonial de los funcionarios
públicos mediante declaraciones juradas; (iii) la creación y desarrollo de programas de seguimiento
y control de incompatibilidades, y (iv) la creación de un programa de prevención y educación
ética, asesoramiento, capacitación y asistencia destinados a los funcionarios públicos.
Aunque la medida demostró ser meramente cosmética de nulo impacto en las prácticas estable-
cidas, se había dado un paso en la dirección correcta, que consistía en ubicar el problema dentro
de los límites del Poder Ejecutivo, lo que fue posteriormente entendido como condición de una
solución estructural por el gobierno de la Alianza que siguió al del Presidente Menem.
c.
Del consenso acerca de lo que debe hacerse, al impacto en las decisiones de gobierno
Durante la campaña electoral por la Presidencia de la Nación para elegir al sucesor de Menem,
en 1999, el problema de la corrupción en el gobierno se convirtió en eje del debate.
Se confor-
mó una coalición, denominada Alianza, opositora al gobierno de Menem y a la candidatura de
Eduardo Duhalde, quien provenía de su mismo Partido Justicialista.
Jorge De la Rúa, candidato de
la Alianza, ganó las elecciones y su gobierno puso en marcha algunas de las propuestas por las
que la sociedad civil bregaba desde el comienzo de la década de 1990.
La estrategia de control
de corrupción del nuevo Presidente descansaba en la creación de una Oficina Anticorrupción
que tendría dos departamentos, uno que llevaría adelante investigaciones de hechos de corrup-
15
K
litgaard
R.
Controlling Corruption
. University of California Press, Berkeley, 1988. Hay traducción al español, K
litgaard
R.
Controlando la corrupción
.
Editorial Quipus, La Paz, Bolivia, 1992. También ver encuesta citada en M
oreno
O
campo
L.
Op. Cit.,
nota 4, pp. 171-192.
