Transparencia y Probidad Pública. Estudios de Caso en América Latina
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Como una de las principales respuestas frente a esta realidad, se fue desarrollando, desde comienzos
de los años noventa, lo que podríamos llamar el campo de la transparencia,
accountability
y lucha
contra la corrupción. En su evolución, este campo comparte algunas semejanzas con otros ámbitos
de acción ciudadana sobre aspectos de ética política que se formaron previamente, tales como el
de derechos humanos y el de protección del medio ambiente. Los pasos de tal evolución fueron
los siguientes: (i) el impulso principal provino de organizaciones de la sociedad civil, el cual se
vio potenciado por estudios académicos y por la cobertura de medios de comunicación en torno
a sonados escándalos de corrupción; (ii) más tarde se crearon organizaciones no gubernamentales
de carácter internacional, las cuales ayudaron a fomentar una mayor difusión del tema a nivel
nacional en muchos países; (iii) en algunos países, las autoridades terminaron por interesarse en
el tema e introdujeron legislación para enfrentar algunos de los problemas más salientes, o bien
establecieron políticas públicas determinadas o formaron órganos o secciones especializadas en
el aparato del Estado; (iv) diversas organizaciones internacionales de carácter intergubernamental,
políticas o financieras, tomaron interés en la materia (algunas de ellas se interesaron desde más
temprano en la temática de la anticorrupción); (v) se generó una demanda por legislación inter-
nacional, promovida por las organizaciones no gubernamentales y apoyada por ciertos gobiernos
y entidades intergubernamentales, lo cual culminó en la aprobación y ratificación de tratados
regionales o internacionales anticorrupción; (vi) paralelamente, se fue fortaleciendo, en muchas
universidades, una capacidad académica sobre esta materia, primero en el área de investigación y
luego, de docencia; (vii) algunas agencias donantes comenzaron a dar prioridad al financiamiento
de proyectos y programas sobre transparencia, probidad pública y anticorrupción.
El emergente campo de transparencia,
accountability
y anticorrupción ha sido abordado desde
distintos ángulos. Entre ellos se cuentan las disciplinas normativas del derecho y la moral, pero
también las perspectivas de la economía, la gestión pública, la ciencia política, la psicología
social y las relaciones internacionales, entre otras.
Desde una mirada normativa, que es más propia de nuestro CDH, interesa destacar los valores
públicos o sociales que se procura resguardar con las normas anticorrupción; los criterios de
ética política para calificar las conductas de los agentes públicos en materia de probidad y trans-
parencia; la catalogación de conductas ilícitas, tanto desde una perspectiva legal como moral,
y las medidas legales de prevención, control y sanción que el combate a la corrupción requiere
(todo ello, tomando en cuenta particularmente las normas de los tratados internacionales sobre
la materia). Si se suma a la mirada normativa el aporte de otras disciplinas y el saber que es fruto
de la experiencia, los contenidos de este campo incluyen, además y entre otros: el análisis de
sectores o actividades económicas y estatales vulnerables a la corrupción; las formas endémicas
o generalizadas de este fenómeno; los efectos que algunas de las prácticas pueden tener en la
“captura del Estado”; y el estudio comparado de situaciones nacionales o sectoriales, así como
de las soluciones intentadas frente a los principales problemas detectados.
Aun cuando el campo de transparencia,
accountability
y combate a la corrupción ha ido definien-
do progresivamente su propio perfil conceptual y organizacional, de modo que sería equivocado
subsumirlo dentro del campo de los derechos humanos, mantiene con éste una común perte-
nencia al ámbito más amplio de la ética democrática, junto con muchos puntos específicos de
superposición o contacto. Entre estos últimos se incluyen los siguientes: (i) la corrupción afecta
no sólo el patrimonio público sino que también distorsiona el orden público económico e incide
negativamente en el desempeño económico de la nación respectiva, socavando la posibilidad de
contar con mayores recursos públicos para programas sociales o asignándolos en forma arbitraria
y discriminatoria a través de prácticas clientelares, afectando el ejercicio de los derechos econó-
micos, sociales y culturales y la legitimidad de los procesos democráticos; (ii) la corrupción que
