Transparencia y probidad pública: estudios de caso en América Latina - page 9

Introducción
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José Zalaquett
/ pp. 9-14
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Dentro de la lógica normativa así descrita, las autoridades son mandatarias o servidoras del pueblo
soberano y su función es cumplir con los objetivos de bien común que constituyen el sentido
último de la organización política. Por tanto, el poder público no radica en atributos personales
y es esencialmente temporal, abierto al escrutinio de los mandantes y revocable.
Muchas son las formas de distorsión de las funciones públicas y mal uso del poder. Entre ellas se
cuentan el abuso del monopolio de la fuerza que detenta el Estado o el mal desempeño de las
tareas públicas que redunda en violación o insatisfacción de los derechos humanos. La corrupción,
entendida como el abuso de las funciones públicas para beneficio privado, es otra forma de grave
distorsión que afecta los fundamentos mismos de la democracia.
El abuso de la fuerza, la negligencia o ineficiencia que resultan en el incumplimiento de deberes
del Estado en relación con la subsistencia y bienestar de las personas, y la corrupción, son todas
graves transgresiones a las normas éticas que rigen la conducta de los agentes públicos. Los
criterios de “deber ser” sobre instituciones y políticas públicas tienen una especial importancia
respecto de la observancia por parte de las autoridades de las normas de ética democrática, en
la medida en que pueden facilitar o, por el contrario, prevenir y combatir, conductas o prácticas
indebidas de los agentes públicos.
Los grandes temas de ética democrática han dado lugar, en décadas recientes, a la emergencia de
movimientos ciudadanos o, como se los suele llamar, “de organizaciones no gubernamentales” o
“de la sociedad civil”, las cuales procuran promover tales normas, denunciar sus violaciones y tomar
acciones efectivas para prevenirlas y erradicarlas. Bajo el impulso de tales movimientos, ha surgido
todo un campo de teoría y acción, que incluye tratados y leyes, una proliferación de organizaciones
internacionales y nacionales, sean estatales, intergubernamentales o no gubernamentales, políticas
públicas y campañas ciudadanas, así como el desarrollo de especialidades académicas.
Así ocurrió, en primer lugar, con el movimiento internacional de derechos humanos que se gestó
a partir de la década de los años sesenta. Sobre la base de las normas proclamadas por la comu-
nidad internacional, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en dicha década comenzó a
desarrollarse un movimiento no gubernamental de derechos humanos que con el paso del tiempo
incluiría una multitud de organizaciones internacionales, regionales y nacionales y que jugaría un
papel determinante en el proceso de toma de conciencia mundial sobre el imperativo de respetar
tales derechos, denunciar sus violaciones, defender a las víctimas y, eventualmente, contribuir a
un proceso de cambio político con miras a construir sociedades más representativas y justas.
Con el fin de la Guerra Fría tuvo lugar una revaloración de los derechos humanos y de la idea
democrática en todo el mundo y con especial énfasis en América latina. Habiéndose recuperado
la democracia en algunos países de América que habían vivido bajo dictaduras militares por largos
años, o bien, concluidos algunos conflictos armados internos que llevaron a otros países a ensayar
con seriedad, por primera vez, un camino democrático, el movimiento de derechos humanos en
distintos países de América se vio enfrentado a nuevos desafíos. Por una parte, abordar el legado
traumático de años de guerra civil o dictadura. Por otra, contribuir de manera propositiva al for-
talecimiento de las democracias convalecientes o incipientes.
A poco andar, se hizo patente, en la mayor parte de los países de América, así como en otras
latitudes donde procesos similares habían tenido lugar, que no bastaba con la recuperación de
los necesarios aspectos formales de la democracia, en la medida en que sistemas políticos conti-
nuaran afectados por debilidades institucionales, por graves formas de exclusión, discriminación
o marginación de amplios sectores de la población, o bien por la corrupción.
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