Transparencia y Probidad Pública. Estudios de Caso en América Latina
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consolidación de las instituciones democráticas, en particular la administración de justicia; y la
superación de la exclusión social (este último contenido se aborda también, centralmente, desde
el área temática de derechos humanos y mujeres).
El principal instrumento de capacitación internacional del CDH ha sido su Programa de Diplomas
de Postítulo presencial y a distancia. Esta modalidad de cursos abarca un semestre de aprendizaje,
incluyendo dos semanas presenciales en Santiago de Chile al comienzo y una al final. El resto
del curso se desarrolla mediante debates y controles de lectura en línea, a partir de la bibliografía
asignada para cada semana. Al tiempo de escribir esta introducción, el CDH había ofrecido, desde
2004, nueve de estos cursos regionales, con la participación de un total de aproximadamente
225 personas (25 por curso); cuatro de ellos versaron sobre Derechos Humanos y Procesos de
Democratización, otros cuatro, sobre Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica, y uno
sobre capacitación de Operadores de Justicia (jueces, fiscales y defensores públicos) en derechos
humanos.
Quienes han participado en estos cursos han provenido de 18 países de América latina y han sido
seleccionados entre numerosos postulantes tomando en cuenta su probada capacidad y potencial
para contribuir a la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia
en sus propios países o en la región, sea desde organizaciones de la sociedad civil, la academia
o entidades estatales. La mayoría de los participantes han sido becados por el CDH, gracias al
apoyo del Estado de Chile y de diversas agencias donantes extranjeras que contribuyen al finan-
ciamiento de sus programas.
El libro que ahora presentamos está concebido principalmente como material de estudio para un
nuevo Diplomado de Post-Título, sobreTransparencia,
Accountability
y Lucha Contra la Corrupción
que el CDH ofrece, por primera vez, a partir de marzo de 2008.
Acerca de la Transparencia,
Accountability
y Lucha Contra la Corrupción
Los principios de probidad pública, transparencia y la obligación de rendición de cuentas de las auto-
ridades a sus representados, así como el derecho de los ciudadanos de fiscalizar las medidas estatales
y las políticas públicas, son principios generalmente aceptados de la ética política democrática. Por
tanto, los actos y prácticas de corrupción constituyen no sólo una violación de la ley (en la medida
en que ésta tipifique tales actos y prácticas como conductas ilícitas), sino que suponen también una
transgresión de la moral democrática, tal como se ha ido forjando en los tiempos modernos.
Por ética democrática entendemos un corpus de principios, criterios y normas sobre el deber
ser de las instituciones políticas, las políticas públicas y la conducta de los agentes públicos en
una sociedad basada en los principios de la igualdad en dignidad y derechos fundamentales
de toda persona, la soberanía popular y el estado de derecho. Tal corpus normativo ha venido
evolucionando desde los tiempos de la Ilustración y ha ganado gradual pero creciente adhesión
internacional, en particular en las últimas décadas.
El principio de la soberanía popular supone que la legitimidad de las autoridades públicas deriva
de la voluntad de todos, sobre la base de una igualdad deliberativa y participativa. Los miembros
de una sociedad políticamente organizada renuncian a valerse de la fuerza para defender o avan-
zar sus derechos e intereses, delegando la fuerza legítima en autoridades elegidas y responsables
ante el pueblo soberano; luego, recuperan esta libertad bajo un orden político jurídico regido
por los principios del estado de derecho. Tal orden político y jurídico tiene por objeto garantizar
la autonomía individual y la solidaridad social, maximizando los beneficios de la cooperación
social y regulando de modo justo y razonablemente previsible la solución de los conflictos.
