Cabe destacar que las legislaciones de cada país difieren en la forma de abordar este fenómeno. Sin perjuicio de ello, hemos constatado que
muchos de los problemas de implementación son comunes, por lo que hemos elaborado un protocolo que permita abordar tanto las problemáti-
cas comunes, como algunas particularidades que, de acuerdo a las expertas y expertos, son especialmente relevantes. Así, hemos constatado que
en los cuatro países existe una ruta crítica común en la tramitación de denuncias por violencia contra las mujeres en el marco de las relaciones de
pareja. Esta ruta está compuesta por las etapas sucesivas de recepción de denuncias, uso de medidas cautelares y de protección, y por último la
tramitación y fallo de las mismas.
El presente informe consta, primero, de la sistematización de los estándares internacionales en materia de derechos humanos que resultan
aplicables al tratamiento de los actos constitutivos de violencia contra las mujeres en el marco de las relaciones de pareja, los cuales han sido
ordenados de acuerdo a la ruta crítica antes descrita. A continuación, y siguiendo la misma estructura, enunciamos los nudos críticos y buenas
prácticas que las expertas y expertos identificaron en la praxis de los sistemas de justicia de los cuatro países objeto de este estudio; en dicha sec-
ción destacamos los problemas generales, haciendo también mención a algunas las problemáticas particulares, con la indicación del país al cual
corresponden. Por último, presentamos nuestra propuesta de protocolo, el cual presenta guías de actuación específicas para los operadores de
justicia que participan en cada etapa de la ruta crítica.
Agradecemos la colaboración de las expertas y expertos que elaboraron los informes de diagnostico: en Bolivia a César Quiroga; en Chile
a Carmen Araya de la Corporación DOMOS, con la colaboración de Francisca Riveros; en Guatemala a Cecilia Mondragón y Rosa María Álvarez
González, ambas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con la colaboración de Myrna Ponce, Mayra Yojana Véliz López, Handy
Barco y María Virginia Godoy Castillo; y en Perú, a Jeannette Llaja de DEMUS. Así mismo agradecemos todas y todos quienes participaron en los
Talleres de Discusión realizados en Bolivia, Chile, Guatemala y Perú. También agradecemos a la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), por el apoyo brindado para la realización de los cuatro Talleres de Discusión. Asimismo, agradecemos a la Embajada de
Suiza en Chile que ha financiado la publicación y distribución de este texto en la región. La realización de este proyecto no habría sido posible sin
sus valiosos aportes.
Por último, esperamos que este trabajo resulte de utilidad para los operadores de justicia de la región en su labor de lograr la efectiva imple-
mentación de la legislación sobre violencia contra las mujeres.
Centro de
Derechos
Humanos
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