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tución, lo que hace que estas compitan para quedarse con los
recursos que llegan con ese estudiante, al !nanciamiento a
instituciones concretas y su proyecto educativo. Sobre lo que
este proyecto debiera abarcar, no hay acuerdo. Mientras al-
gunos, como Roxana Pey, sostienen que el piso mínimo para
el aseguramiento del !nanciamiento de las universidades
debiera ser contar con docencia, extensión e investigación,
otros, como el Diputado Jaime Bellolio, concuerdan con la
idea de que tiene que haber más exigencia en el sistema en
su conjunto, pero dice: “no creo que sea exigible a toda uni-
versidad ni a todo sistema universitario esta tensión de saber,
hacer y estar en la frontera del pensamiento. Tiene que ser
parte de la diversidad de los proyectos educativos y docentes”,
re!riéndose a la posibilidad de !nanciamiento para planteles
sólo docentes o que no hagan investigación.
Pero según Pey, incluso los términos oferta y demanda de-
berían quedar obsoletos, ya que “ambos son conceptos de
mercado”. A su juicio, mantener el voucher (que es el tipo de
!nanciamiento actual, que se preocupa de cubrir el arancel
de los estudiantes y no de fortalecer las instituciones por su
misión pública), “introduce una cantidad de vicios. Es el ins-
trumento que sostiene el actual modelo. En el voucher está
sentado el actual modelo, que es un modelo de mercado, en-
tonces crea, con el voucher, el poder adquisitivo de un consu-
midor y con eso se construye todo el mercado”.
En la misma línea, Águila va a lo estructural y asegura que
si la transformación del sistema “no se hace con un claro
fortalecimiento de la educación pública del Estado, eso
puede terminar consolidando un sistema que hoy está alta-
mente privatizado”.
Tercero, de escasear los recursos para !nanciar la gratuidad
universal, las remesas extras deberían salir de los dineros
que maneja el mismo Estado. A juicio de Iván Páez, “lo que
puede haber detrás [de las declaraciones sobre búsqueda de
!nanciamiento alternativo] es un intento por buscar ciertas
excusas más bien técnicas para no ir al tema de fondo, que es
más bien político. ¿Entendemos la educación como un de-
recho social, sí o no? Eso descarta cualquier posibilidad de
buscar otras fórmulas alternativas. Si mantenemos el princi-
pio, tenemos que buscar otras fórmulas en relación a la recu-
peración de recursos por parte del Estado”.
Con esta idea también concuerda la Diputada PC y Presi-
denta de la Comisión de Educación de la Cámara de Dipu-
tados, Camila Vallejo, “si es que llegasen a faltar los recursos
creo que es momento de que pongamos ojo en la cantidad
de recursos que se entregan a las fuerzas armadas, el royalty
o los recursos naturales. Si queremos cargar a los más ricos
en este país tenemos que discutir impuestos a las empresas o
royalty o el 10% a las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Eso no
es iniciativa de los parlamentarios. Ése es el problema. Si yo
pudiera presentarlo y lo pudiera aprobar lo haría, pero esas
son iniciativas exclusivas del Ejecutivo”.
Finalmente, está el tema de la retribución social. Entender la
gratuidad como un derecho implica también aceptar que los
dineros públicos se vayan a educación y no a otras áreas de
desarrollo también prioritario, como salud o vivienda. Al res-
pecto, Alberto Mayol señala que el !nanciamiento estatal de
la educación debería ir aparejado de una suerte de compro-
miso ciudadano de parte de los estudiantes con el país. Con
una especie de proceso civil, en el que los egresados tendrían
que trabajar en las instituciones públicas por una cantidad
determinada de tiempo después de su titulación, “se constru-
ye el concepto de que tengo que devolver al país, de un modo
no monetario, en una relación de ciudadano, el aporte que
ha hecho por mi formación, y lo hago también en el terreno
del conocimiento, de la formación, del aporte a la sociedad.
Establece un tipo de relación que es distinto”.
“Me preocupa que una política de gratuidad que no tenga o no vaya
acompañada de un fortalecimiento de las universidades estatales, lo que
puede terminar haciendo es generar una gran transferencia de recursos
públicos hacia las universidades privadas, que, no nos olvidemos, hoy cubren
el 80% de la matrícula de educación superior”, asegura Ernesto Águila.
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