Y parte de las entidades que se han beneficiado están siendo
investigadas por lucro ante el Ministerio Público. Muchas de
ellas son las más numerosas.
De acuerdo a las cifras entregadas por la Contraloría General
de la República en su informe anual sobre Educación Supe-
rior, el CAE aumentó 19% en 2015 en comparación al 2014.
Y ese año había crecido 15,6% en relación a 2013.
Otro antecedente: los aportes recibidos por las privadas
Andrés Bello, San Sebastián, Santo Tomás, Diego Porta-
les, Autónoma, Mayor, Tecnológica Inacap, y los institutos
DUOC, AIEP, Inacap, los Centros de Formación Técnica
Santo Tomás e Inacap, reciben más que nueve de las 16
universidades públicas.
La gran parte del CAE lo obtuvo ese “sector privado” post
‘81: más del 65% en 2015. Las universidades públicas sólo
recibieron un 6,4%, y las privadas del Cruch, entre las que
están las universidades Católicas, la Austral, la de Con-
cepción y la Universidad Técnica Federico Santa María,
alcanzaron un 7,5%.
Una paradoja más: la Universidad Andrés Bello, del grupo
Laureate
, que reconoció en Estados Unidos su objetivo de
lucro, lidera el financiamiento a estudiantes en Chile a tra-
vés del CAE: sobrepasa a las 16 estatales y a las nueve priva-
das del Cruch. Y el grupo
Laureate
en su conjunto -dueño
además de Las Américas, AIEP y la Universidad de Viña del
Mar- es el que recibe más respaldo del Estado chileno a través
de los
vouchers
de los estudiantes.
Detrás de las cifras, son muchos los intereses que están en
juego. Hay un negocio ideológico y material que está en me-
dio de esta batalla por mantener y profundizar la situación
actual, donde incluso los bancos tienen su cuota. Los “guar-
dianes del lucro” defienden a brazo partido su posibilidad de
seguir haciendo negocio a costa del Estado y de las familias
chilenas. Ellos ya lo consideran un “derecho adquirido” como
forma de financiamiento.
Para cambiar las cosas es necesario realizar reformas es-
tructurales profundas que modifiquen sustancialmente el
tipo de financiamiento, que aseguren la regulación y se fis-
calice, ya que si se perpetúa la situación actual se seguirán
agudizando los innumerables problemas. No se contribui-
rá al desarrollo del país ni nadie asegura educación de ca-
lidad. En ese sentido, una de las medidas indispensables
es la penalización efectiva del lucro para que realmente lo
evite. Pero aun eso no basta.
Cualquier reforma seria debiera considerar un rol clave a
las universidades estatales. Es necesario dotarlas de los re-
cursos para que cumplan su misión pública, garantizarles
autonomía en su financiamiento y desde luego, autonomía
en su forma de gobierno. Lo que hay en el proyecto pre-
sentado en ese aspecto -que incluye un excesivo número
de directivos nombrados por el Ejecutivo- más parece un
atentado contra la autonomía universitaria, contra el sen-
tido mismo de una universidad.
Tampoco el proyecto gubernamental asegura a las universi-
dades públicas financiamiento basal, sino que incluso plantea
su disminución. No hace diferencias significativas entre uni-
versidades públicas y privadas. Habla de un sistema “mixto”,
pero bajo una lógica que ha nacido de personas provenientes
de universidades privadas, como consta en algunos docu-
mentos. Nosotros vemos necesario fortalecer la columna ver-
tebral del sistema: las universidades del Estado, y eso incluye,
desde luego, el financiamiento.
Dentro de eso es necesario cambiar el financiamiento a la
demanda a uno por la oferta y desde ahí plantearnos la gra-
tuidad para que llegue a ser universal, pero a partir de las
universidades públicas, y con altas exigencias para quienes
reciban recursos del Estado. Si nada se hace, o si se continúa
en la línea de la reforma presentada, no se ve que se puedan
solucionar los problemas. Al contrario, el peligro es que este
“sistema” mercantil se tienda a consolidar.
“Es necesario cambiar el financiamiento
a la demanda a uno por la oferta y desde ahí
plantearnos la gratuidad para que sea total, pero
a partir de las universidades públicas. Con esta
reforma no se van a solucionar los problemas”.
P.39
Nº3 2016 / P.P.