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Y parte de las entidades que se han beneficiado están siendo

investigadas por lucro ante el Ministerio Público. Muchas de

ellas son las más numerosas.

De acuerdo a las cifras entregadas por la Contraloría General

de la República en su informe anual sobre Educación Supe-

rior, el CAE aumentó 19% en 2015 en comparación al 2014.

Y ese año había crecido 15,6% en relación a 2013.

Otro antecedente: los aportes recibidos por las privadas

Andrés Bello, San Sebastián, Santo Tomás, Diego Porta-

les, Autónoma, Mayor, Tecnológica Inacap, y los institutos

DUOC, AIEP, Inacap, los Centros de Formación Técnica

Santo Tomás e Inacap, reciben más que nueve de las 16

universidades públicas.

La gran parte del CAE lo obtuvo ese “sector privado” post

‘81: más del 65% en 2015. Las universidades públicas sólo

recibieron un 6,4%, y las privadas del Cruch, entre las que

están las universidades Católicas, la Austral, la de Con-

cepción y la Universidad Técnica Federico Santa María,

alcanzaron un 7,5%.

Una paradoja más: la Universidad Andrés Bello, del grupo

Laureate

, que reconoció en Estados Unidos su objetivo de

lucro, lidera el financiamiento a estudiantes en Chile a tra-

vés del CAE: sobrepasa a las 16 estatales y a las nueve priva-

das del Cruch. Y el grupo

Laureate

en su conjunto -dueño

además de Las Américas, AIEP y la Universidad de Viña del

Mar- es el que recibe más respaldo del Estado chileno a través

de los

vouchers

de los estudiantes.

Detrás de las cifras, son muchos los intereses que están en

juego. Hay un negocio ideológico y material que está en me-

dio de esta batalla por mantener y profundizar la situación

actual, donde incluso los bancos tienen su cuota. Los “guar-

dianes del lucro” defienden a brazo partido su posibilidad de

seguir haciendo negocio a costa del Estado y de las familias

chilenas. Ellos ya lo consideran un “derecho adquirido” como

forma de financiamiento.

Para cambiar las cosas es necesario realizar reformas es-

tructurales profundas que modifiquen sustancialmente el

tipo de financiamiento, que aseguren la regulación y se fis-

calice, ya que si se perpetúa la situación actual se seguirán

agudizando los innumerables problemas. No se contribui-

rá al desarrollo del país ni nadie asegura educación de ca-

lidad. En ese sentido, una de las medidas indispensables

es la penalización efectiva del lucro para que realmente lo

evite. Pero aun eso no basta.

Cualquier reforma seria debiera considerar un rol clave a

las universidades estatales. Es necesario dotarlas de los re-

cursos para que cumplan su misión pública, garantizarles

autonomía en su financiamiento y desde luego, autonomía

en su forma de gobierno. Lo que hay en el proyecto pre-

sentado en ese aspecto -que incluye un excesivo número

de directivos nombrados por el Ejecutivo- más parece un

atentado contra la autonomía universitaria, contra el sen-

tido mismo de una universidad.

Tampoco el proyecto gubernamental asegura a las universi-

dades públicas financiamiento basal, sino que incluso plantea

su disminución. No hace diferencias significativas entre uni-

versidades públicas y privadas. Habla de un sistema “mixto”,

pero bajo una lógica que ha nacido de personas provenientes

de universidades privadas, como consta en algunos docu-

mentos. Nosotros vemos necesario fortalecer la columna ver-

tebral del sistema: las universidades del Estado, y eso incluye,

desde luego, el financiamiento.

Dentro de eso es necesario cambiar el financiamiento a la

demanda a uno por la oferta y desde ahí plantearnos la gra-

tuidad para que llegue a ser universal, pero a partir de las

universidades públicas, y con altas exigencias para quienes

reciban recursos del Estado. Si nada se hace, o si se continúa

en la línea de la reforma presentada, no se ve que se puedan

solucionar los problemas. Al contrario, el peligro es que este

“sistema” mercantil se tienda a consolidar.

“Es necesario cambiar el financiamiento

a la demanda a uno por la oferta y desde ahí

plantearnos la gratuidad para que sea total, pero

a partir de las universidades públicas. Con esta

reforma no se van a solucionar los problemas”.

P.39

Nº3 2016 / P.P.