Para determinar este tipo de apoyos a instituciones
privadas debería existir una justificación técnica y
política, porque no se entiende por qué el Estado
no diferencia entre una institución privada y una
pública. No se trata sólo de subsidios, porque el
Estado con sus políticas también define el compor-
tamiento de las instituciones, transformando sus
prácticas y carácter.
Debemos notar que el IPEDS (
Integrated Postse-
condary Education Data System
), la fuente de datos
más prominente a nivel federal sobre Educación
Superior, establece una tipología según el control
institucional: universidades públicas controladas
por el Estado; privadas sin fines de lucro contro-
ladas por la sociedad civil, y privadas con fines de
lucro controladas por la sociedad civil, pero con
características de mercado. Esta tipología que ope-
ra en Estados Unidos no se basa en las ganancias,
las cualidades de los estudiantes o en los resultados
académicos, sino que en la forma de gobernabili-
dad o de regulación. Esto es una guía muy impor-
tante para entender el abanico de instituciones que
hay en Estados Unidos. Es importante considerar,
además, que hay muchas instituciones privadas sin
fines de lucro que son admirables en términos de
prestigio y calidad.
El Estado debe empoderarse, ya que está obligado
a proporcionar derechos esenciales para la comu-
nidad. Uno de ellos es el derecho a una educación
decente, establecido en la Declaración de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. De todos modos,
“Las instituciones de Educación Superior privadas
tienen objetivos
específicos para maximizar sus resultados. Tienen demandas, estructuras
y responsabilidades distintas en relación con las instituciones estatales.
Por ello, cuando el Estado fomenta la matrícula en las universidades
privadas está invirtiendo en un proyecto educacional diferente”.
esto no supone que todos los estados priorizan la
educación de igual forma.
Para algunos estados la educación privada ha surgido
por una falta de disponibilidad para proporcionar
educación e igualar así la demanda. Esto ha genera-
do tensión respecto a la regulación de la educación
privada. Por una decisión de política educacional,
en algunos países las instituciones privadas son guia-
das por directorios estatales –públicos- donde hay
representantes del Estado para este proceso de regu-
lación. En muchos países el número de institucio-
nes de Educación Superior privadas es mayor que
el número de estatales. Desde la economía política,
los estados pueden ofrecer subsidios a instituciones
privadas, pero el Estado debe fiscalizarlas. La visión
subsidiaria del Estado ha sido parte de las políticas
educacionales por mucho tiempo.
Privatización de la educación
La educación privada ha sido un sector de amplio
crecimiento en el mundo y la principal explicación
es que la demanda por Educación Superior ha ex-
cedido la capacidad de las instituciones estatales
existentes para responder a ella. Pero se olvida que
los estados se encuentran bajo presión para reducir
gastos y no pueden invertir para, justamente, absor-
ber esa demanda. Muchos estados han permitido el
crecimiento de instituciones privadas, entregándo-
les enormes subsidios. Este fenómeno ha sido más
pronunciado en América Latina y en Asia. Este tipo
de instituciones se centran en mercados laborales de
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Dossier / Nº1 2016 / P.P.