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Para determinar este tipo de apoyos a instituciones

privadas debería existir una justificación técnica y

política, porque no se entiende por qué el Estado

no diferencia entre una institución privada y una

pública. No se trata sólo de subsidios, porque el

Estado con sus políticas también define el compor-

tamiento de las instituciones, transformando sus

prácticas y carácter.

Debemos notar que el IPEDS (

Integrated Postse-

condary Education Data System

), la fuente de datos

más prominente a nivel federal sobre Educación

Superior, establece una tipología según el control

institucional: universidades públicas controladas

por el Estado; privadas sin fines de lucro contro-

ladas por la sociedad civil, y privadas con fines de

lucro controladas por la sociedad civil, pero con

características de mercado. Esta tipología que ope-

ra en Estados Unidos no se basa en las ganancias,

las cualidades de los estudiantes o en los resultados

académicos, sino que en la forma de gobernabili-

dad o de regulación. Esto es una guía muy impor-

tante para entender el abanico de instituciones que

hay en Estados Unidos. Es importante considerar,

además, que hay muchas instituciones privadas sin

fines de lucro que son admirables en términos de

prestigio y calidad.

El Estado debe empoderarse, ya que está obligado

a proporcionar derechos esenciales para la comu-

nidad. Uno de ellos es el derecho a una educación

decente, establecido en la Declaración de Derechos

Humanos de las Naciones Unidas. De todos modos,

“Las instituciones de Educación Superior privadas

tienen objetivos

específicos para maximizar sus resultados. Tienen demandas, estructuras

y responsabilidades distintas en relación con las instituciones estatales.

Por ello, cuando el Estado fomenta la matrícula en las universidades

privadas está invirtiendo en un proyecto educacional diferente”.

esto no supone que todos los estados priorizan la

educación de igual forma.

Para algunos estados la educación privada ha surgido

por una falta de disponibilidad para proporcionar

educación e igualar así la demanda. Esto ha genera-

do tensión respecto a la regulación de la educación

privada. Por una decisión de política educacional,

en algunos países las instituciones privadas son guia-

das por directorios estatales –públicos- donde hay

representantes del Estado para este proceso de regu-

lación. En muchos países el número de institucio-

nes de Educación Superior privadas es mayor que

el número de estatales. Desde la economía política,

los estados pueden ofrecer subsidios a instituciones

privadas, pero el Estado debe fiscalizarlas. La visión

subsidiaria del Estado ha sido parte de las políticas

educacionales por mucho tiempo.

Privatización de la educación

La educación privada ha sido un sector de amplio

crecimiento en el mundo y la principal explicación

es que la demanda por Educación Superior ha ex-

cedido la capacidad de las instituciones estatales

existentes para responder a ella. Pero se olvida que

los estados se encuentran bajo presión para reducir

gastos y no pueden invertir para, justamente, absor-

ber esa demanda. Muchos estados han permitido el

crecimiento de instituciones privadas, entregándo-

les enormes subsidios. Este fenómeno ha sido más

pronunciado en América Latina y en Asia. Este tipo

de instituciones se centran en mercados laborales de

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Dossier / Nº1 2016 / P.P.