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Cuando hace pocos meses Lopez Gama demandó a Torres ante las autoridades
judiciales de Cobija, por la esplotacion que éste último habia emprendido en
las huaneras de Mejillones, i en consecuencia de la demanda decretaron dichas
autoridades la aprehesion del demandado, el gobierno de Chile se apresuró a di-
rijirse al de Bolivia protestando de esa resolucion judicial i reclamando la pronta
escarcelacion de Torres, si aun permanecia en prision. Al proceder de este modo
cumplió con el deber en que está de protejer a sus nacionales residentes en el
estranjero siempre que sean indebidamente ofendidos en el uso de su libertad o
propiedad; i a su juicio, Torres en el caso en cuestion, habia recibido un injusto
agravio en su persona e intereses. Esplotando con licencia de las autoridades
chilenas huaneras situadas en un territorio de que Chile está en posesion, Torres
se ocupaba en una especulacion lícita, que no contravenia nuestras leyes ni caía
bajo la jurisdicción de las leyes de Bolivia. Porque cualesquiera que sean los tí-
tulos que alegue el gobierno de V. E. al dominio i propiedad de aquel territorio es
evidente que su actual posesion pertenece a Chile, i que mientras no se termine
la discusion pendiente a este respecto entre ambos Estados, existe un statu quo
que ampara esa posesion i debe ser respetado.
De consiguiente, juzgaba mi Gobierno que la admision por un tribunal
de Bolivia de la demanda de Lopez Gama importaba la resolucion de una cues-
tion internacional que está aun por resolverse.
De entonces acá no hai ningun motivo que haga mirar la cuestion bajo
diferente aspecto, i el nuevo incidente sobrevenido en ella, es de un carácter aná-
logo a los anteriores. Mi Gobierno se encuentra, pues, en el deber de protestar
por segunda vez contra tales actos.
Sin embargo, los sentimientos amistosos i conciliadores que el Gobierno
de V. E. se ha complacido siempre en manifestar, permiten esperar al Presidente
de la República una terminacion conveniente de estas diferencias, i al efecto S.
E, me ha dado instrucciones para pedir al Gobierno de Bolivia por el órgano de
V. E., que se dicten medidas prontas i oportunas a fin de que no se lleve adelante
la ejecucion decretada contra Torres, i en el caso de haberse hecho efectiva, se
le restituya la suma de dinero que haya pagado, indemnizándole de los daños
perjuicios que le hubiera ocasionado su exaccion.
