Se recordó que las reformas para regular el financiamiento de la política
en América Latina han sido relativamente recientes. Hasta el año 2000,
salvo excepciones, como el caso de México, la regulación de la financia-
ción de la política era un tema atrasado, normativa y políticamente. Ello
respondía, en parte, a que había otras preocupaciones que se estimaban
más urgentes, como enfrentar el fraude y la violencia electoral. Una vez
que estos problemas comenzaron a superarse, surgió con fuerza, en
muchos países de la región, la cuestión del financiamiento político. Una
a una se sucedieron rápidamente distintas leyes sobre la materia. Estos
avances dieron lugar a debates y se produjeron nuevas reformas, debidas,
en parte, a la comprobación de que las restricciones al financiamiento de
la política por parte de sectores empresariales se eludían con facilidad.
La discusión acerca del sistema de financiamiento político y la captura del
mundo político por parte de intereses privado comienza por reconocer
que la experiencia comparada muestra que se trata de una materia de
difícil regulación y control. Este problema afecta no solamente a países
en desarrollo sino también a naciones capitalistas avanzadas. No se
produjeron nuevas conclusiones referidas al financiamiento político, sino
que se reforzaron las ideas vinculadas con la necesidad de fortalecer el
control y las rendiciones de cuentas.
Dentro de este panel también se abordó la cuestión del clientelismo político,
enfatizando los efectos perjudiciales de esta modalidad de relación entre
el mundo político y quienes se benefician de las políticas públicas. ¿Qué
personas están más expuestas a prácticas clientelares? ¿Qué principios
democráticos se ponen en riesgo cuando se distribuyen bienes y servicios
de forma clientelar? ¿Qué estrategias pueden adoptarse para reducir el
clientelismo? Algunas de estas preguntas fueron analizadas en el panel.
El clientelismo se definió como un sistema informal de intercambio de
favores, mediante el cual personas en posición de autoridad controlan
la concesión de ciertas prestaciones que pueden dispensar a través de
su función pública, a cambio de apoyo electoral para mantenerse en el
poder o para consolidar y expandir su poder político. Ello supone que se
utiliza el manejo de posiciones y recursos públicos para obtener beneficios
privados, lo que se ajusta a la definición más aceptada de corrupción.
Según Gruenberg, esta relación constituiría más que un intercambio de
favores (de dinero o beneficios a cambio de voto). Un adecuado examen
de las dinámicas clientelares exige, entre otras cosas, monitorear las
políticas sociales para determinar cómo y en qué medida éstas son
manipuladas. El clientelismo implica interacciones políticas y sociales,
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