reconocida también como un derecho humano, específicamente como
una de las dimensiones principales de la libertad de expresión, así
como la importancia que esta última cobra, principalmente en su
faceta de libertad de prensa, en el combate contra la corrupción;
(iv)
el hecho de que algunas de las principales consecuencias de la
corrupción son privar al patrimonio público de recursos, aumentar
el costo de las inversiones públicas y privadas y distorsionar el fun-
cionamiento de la economía, todo lo cual afecta la realización de los
derechos humanos económicos, sociales y culturales;
(v)
el carácter
discriminatorio que tienen muchos actos de corrupción, en la medida
en que favorecen no al más meritorio de quienes postulan a contratos
o cargos públicos, o a beneficios sociales, sino a quien ha incurrido
en soborno, negociaciones incompatibles u otro acto de corrupción
semejante, y la violación que ello representa del derecho humano a la
igualdad y no discriminación;
(vi)
que es esencial para la democracia
contar con sistemas de justicia (incluyendo la investigación y perse-
cución pública, así como el juzgamiento) que sean independientes y
eficaces, lo que constituye el sustento del derecho a la justicia y del
cumplimiento de las garantías del debido proceso, al mismo tiempo
que es un instrumento fundamental para el combate a la corrupción
(se reconoció, asimismo, que puede haber tensiones entre, por una
parte, el respeto de las garantías procesales o del principio de pre-
sunción de inocencia y, por otra, ciertas medidas legales tendientes
a una más efectiva persecución de la corrupción).
En el debate se mencionó que la
experiencia del movimiento de de-
rechos humanos
en lo que se refiere a la documentación y denuncia, así
como al impulso de litigios por causas de interés público, colectivo o difuso,
puede y debe ser fuente de estudios para el movimiento anticorrupción.
Otros aspectos de la experiencia del movimiento de derechos humanos
que merecen ser estudiados son las campañas por el establecimiento
de comisiones y cortes internacionales o regionales y la ulterior eficaz
utilización de estas organizaciones; la creación de redes de trabajo o
coordinación a nivel nacional, en muchos países, así como las relaciones
entre organizaciones internacionales, regionales y nacionales que trabajan
por los mismos objetivos. También se destacó la “potencia moral” del
discurso de derechos humanos, aludiendo a la legitimidad ética y jurídica
que ha alcanzado.
De igual modo, se abordó la necesidad de acercar ambos movimientos,
fomentando el diálogo entre quienes trabajan en uno y otro campo. En
cuanto a estrategias comunes, se mencionó en particular el ejercicio del
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