y buscar las herramientas adecuadas para lograrlos, al tiempo que se
aprovechan los avances que ya se han conseguido, evitando retrocesos.
Al respecto, se subrayó que los desafíos de las reformas son diferentes
a nivel nacional y local, dada la variable cantidad y calidad de recursos
disponibles en cada lugar. También se destacó que en estos procesos
de modernización es importante no duplicar instituciones o funciones,
especialmente en contextos institucionales frágiles como es el caso en
la mayoría de los Estados de la región.
Además, se habló del desafío de pensar en mejores diseños institucionales
de los organismos autónomos que se creen, fortaleciendo su transpa-
rencia e independencia, así como establecer adecuadas normas sobre
nombramientos, duración en los cargos y autonomía presupuestaria, entre
otros. Todo ello con miras a consolidar la legitimidad e independencia
de los órganos estatales autónomos, evitando que sean cooptados por
partidos políticos o por el gobierno.
Es preciso tener en cuenta que, si bien la voluntad política y los liderazgos
pueden contribuir a impulsar las necesarias reformas del Estado, es
importante que éstas se implementen y avancen con independencia de
los agentes políticos, para lo cual se requiere establecer los incentivos
que promuevan reformas sustentables y duraderas. Estos incentivos
pueden estar dados, por ejemplo, a través de una adecuada reforma
del servicio civil, que responda a renovados parámetros de gestión
democrática.
Por último, se discutió acerca de la necesidad de revisar críticamente las
proposiciones de reformas del Estado que son motivadas exclusivamente
por razones de
eficacia
. Esta preocupación es pertinente teniendo en
cuenta el modo como muchos Estados e instituciones internacionales de
crédito han encarado la lucha contra la corrupción durante los 80 y 90,
que ha sido tachado de excesivamente “tecnocrático”. Si bien la eficacia
del Estado es un objetivo importante, no debe olvidarse que la probidad
pública, la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones nece-
sarias para asegurar el respeto a los derechos de las personas y mejorar
la calidad del sistema democrático. En ese sentido, la modernización
es necesaria para cumplir con objetivos fundamentalmente políticos,
en el sentido amplio de la palabra. Desde esta perspectiva, el Estado
se entiende como el agente central para fortalecer las instituciones y la
convivencia democrática (y en particular para garantizar los derechos
fundamentales de las personas) y no meramente como un gestor de los
recursos y poderes públicos.
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