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Ni siquiera la democracia pudo destruir los cimientos
que había plantado Pinochet en Educación Superior. El
financiamiento a los planteles estatales se haría, en los
‘90, cada vez más exiguo, lo que les impedía aumentar
la matrícula, una medida que no tenía sintonía con el
clamor nacional, que pedía mejorar el acceso de todos
los sectores a la Educación Superior (es más: hasta el
día de hoy, 40% de quienes postulan a las universidades
estatales quedan fuera por falta de cupos). Así fue como
las autoridades de la época llegaron a un acuerdo con
los privados para que ellos aumentaran sus matrículas y
absorbieran la nueva necesidad de educación de las fa-
milias chilenas. De este modo se trazó un nuevo mapa,
que hizo que en los últimos cinco años la matrícula de
pregrado aumentara apenas en 5,6 por ciento en las es-
tatales, a la vez que lo hacía en 12 por ciento y 17 por
ciento, respectivamente, en las particulares del Cruch y
las privadas creadas después del ‘81.
Esta nueva forma de concebir la educación tomó tal
fuerza, que Chile se convirtió en uno de los países con
mayor nivel de inversión privada en Educación Tercia-
ria al compararse con sus pares de la OCDE. Según el
informe Education at a Glance del año 2014, el 75 por
ciento del gasto en esta área proviene de las familias.
Más de tres décadas habían pasado desde que la re-
forma del ‘81 abriera la puerta al mercado, y cam-
biar esta forma de financiamiento parecía casi im-
posible. Pero no todo estaba perdido. Los primeros
ruidos llegaron el 2011, con un movimiento es-
tudiantil que paralizó a los planteles durante me-
ses con una sola exigencia: fin al lucro y una refor-
ma estructural del sistema de Educación Superior.
Esta sería una de las principales consignas que recogería
la campaña presidencial al segundo mandato de Miche-
lle Bachelet, quien fue la primera en apostar más clara-
mente por desterrar una parte de la herencia de la dic-
tadura. El primer intento fue el inicio de la gratuidad,
que partió a principios de este año y que benefició a 30
universidades y al 50 por ciento de sus alumnos más
vulnerables. El último, un proyecto de ley de Educación
Superior que no concita apoyo en el mundo estatal.
Qué esperan las estatales
El inicio de la gratuidad en el sistema no estuvo libre
de problemas. Al fallo del Tribunal Constitucional –
que obligó a considerar a universi-
dades fuera del Cruch, como la U.
Diego Portales, por ejemplo– se su-
maron una seguidilla de errores a la
hora de entregar información sobre
los estudiantes beneficiados con el
nuevo esquema.
Según la investigadora del Centro
de Investigación Avanzada en Edu-
cación (CIAE) y experta en educa-
ción superior, Carolina Guzmán,
todos estos problemas se produjeron
porque el Gobierno trató de “cam-
biar de un día para otro una forma
de concebir y planificar la educa-
ción bajo un modelo de educación
de mercado”. Para la experta, “antes
de implementar medidas concretas
y desarticuladas, se debió pensar en
un proyecto educativo con objetivos
estratégicos que permitiesen pensar
en un sistema inclusivo, menos es-
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P.P. / Nº1 2016