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Este año el Gobierno comenzó a
implementar uno de los puntales de la
llamada “obra gruesa” de su periodo. El
inicio de la gratuidad, esa promesa que se
convirtió en una de las principales armas
de la campaña presidencial de Michelle
Bachelet, sin duda ha beneficiado a estu-
diantes que de otra forma tendrían que
depender de créditos o becas para cur-
sar sus estudios superiores, aunque esto
no ha logrado acallar las críticas a este
proyecto nacional, sobre todo referidas
a errores en los anuncios y a la falta de
claridad respecto a cómo esta medida se
mantendrá en el futuro.
La última surgió durante los últimos
días de junio, plazo autoimpuesto por el
Gobierno para presentar el proyecto de
ley de Educación Superior, que contem-
plaría, entre otros cambios estructurales,
mecanismos para financiar una gratui-
dad que debiera llegar a ser universal. Las
esperanzas desde el mundo público eran
enormes; después de todo, la promesa de
reivindicación del sistema de educación
provista por el Estado llamaba a creer
que el proyecto traería felices noticias
para las estatales.
Amarga fue la sorpresa de los rectores del
Consorcio de Universidades del Estado
(Cuech) tras una reunión con representan-
tes del Ministerio de Educación en la que
conocieron detalles del que sería el borra-
dor final del proyecto, que hasta el cierre de
esta edición aún no es enviado al Congreso.
“No se ha acogido ninguna de nuestras
propuestas, se reafirma un modelo de
mercado financiado por el Estado. Esto
no se relaciona con si hay más o menos
recursos, sino cómo se distribuyen. Este
proyecto está hecho para mantener los
privilegios de las universidades privadas
fuera del Cruch”, señaló tajante el Rector
de la Universidad de Chile y presidente
del Cuech, Ennio Vivaldi, al momento
de conocer el documento.
Esto, porque el proyecto, hasta la fecha,
no contempla mecanismos de fortaleci-
miento de los planteles estatales, lo que
hace impensable que, en el mediano o
largo plazo, puedan convertirse en el pi-
lar de un sistema de universidades públi-
cas, como espera el Consorcio.
El 30 de junio, apenas un día después
de conocer los detalles del proyecto,
los rectores del Cuech publicaron una
declaración manifestando su molestia y
señalando que “durante meses diversos
protagonistas hemos entregado sólidos
argumentos criticando el actual modelo
universitario y ofreciendo coherente-
mente conceptualizaciones alternativas.
Con profunda preocupación constata-
mos que ninguna de esas propuestas ha
sido acogida en la presunta versión final
del proyecto que hoy hemos conocido”.
Al mismo tiempo, el texto señala que
“este proyecto busca consolidar la mer-
cantilización del sistema de Educación
Superior. De aprobarse, se reafirmaría un
modelo, existente sólo en Chile, basado
en el financiamiento con fondos estatales
del mercado universitario privado”.
La molestia es evidente y, según los rec-
tores de las estatales, justificada. Después
de todo, la expectativa estaba en que este
proyecto de ley comenzara, de a poco, a
desterrar los cimientos de un modelo im-
puesto por la dictadura y que promueve
el financiamiento privado en educación.
Comienza la privatización
Hasta el 11 de septiembre de 1973 el
panorama de la Educación Terciaria en
Chile era mucho menos intrincado que
el actual y contemplaba ocho universida-
des tradicionales (de ellas, dos estatales,
la U. de Chile y la Técnica del Estado,
que más tarde se convertiría en la Usach)
que, naturalmente, pertenecían al Con-
sejo de Rectores y recibían aportes esta-
tales para su funcionamiento.
Durante sus primeros años de instalación,
los militares se concentraron en interve-
nir los puestos más importantes de los
planteles, que desde ese momento serían
ocupados por representantes de las Fuer-
zas Armadas. Sin embargo, para 1981 se
había hecho claro que tener control sobre
el sistema educacional requería de mucho
más que eso. Así fue como se proclamó el
Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1981,
que estableció la posibilidad de crear uni-
versidades privadas, que, sin embargo, de-
bían ser corporaciones sin fines de lucro.
En un escenario de crisis económica na-
cional, sólo tres planteles fueron creados
al alero de este anuncio (U. Gabriela Mis-
tral, U. Central y U. Diego Portales), pero
con el fin de la dictadura y la mejora en las
condiciones económicas, vendría también
la explosión en la creación de estos plan-
teles; entre 1989 y 1991 se fundaron la
mayor parte de las universidades privadas
que perduran hasta hoy.
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Nº1 2016 / P.P.