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ser tal y se adscribe a proyectos particulares que no pue-
den reclamar para sí la agencia de una función pública.
Las desventajas que fija
la política pública
Corresponde preguntarse sobre el rol y desafíos que se
propone servir la universidad al desarrollo del país y es-
pecialmente de su región, pero antes cabe preguntarse
por las condiciones en que estas universidades deben lle-
var a cabo sus actividades.
Las mismas inequidades, ya conocidas por todos, entre
Santiago y regiones, se reproducen entre las universida-
des y sus comunidades académicas, las que a su vez debi-
litan la calidad de las capacidades científicas y profesio-
nales en regiones y favorecen procesos de concentración
territorial. Las universidades regionales no disponen de
recursos para conformar sólidos planteles de investigado-
res que les permitan impactar de modo más pertinente
en los desafíos territoriales. Asimismo, el mayor costo de
vida familiar y menor oferta de servicios dificulta retener
y atraer académicos que ayuden a ofrecer similares nive-
les de calidad en todas las regiones.
Por otra parte, el financiamiento vía
“voucher”
de la do-
cencia de pregrado como política para todo el sistema
de Educación Superior, sin hacer discriminación o matiz
alguno, facilita la emigración de estudiantes talentosos a
la capital. La estructura del financiamiento público a las
universidades no considera los mayores costos relativos
que tiene la docencia en regiones, dificultando ofrecer si-
milares niveles de calidad a lo largo del país. El cálculo de
aranceles de referencia se basa preferentemente en indi-
cadores de productividad científica o desde expectativas
remuneratorias, y no considera la condición socioeconó-
mica de los estudiantes. No incorpora el mayor costo de
vida en regiones, ni la distorsión de incluir ingresos no-
minales y no reales en aquellas con fuerte actividad mi-
nera como Antofagasta, Atacama y otras. La asignación
de gratuidad cubre sólo la duración formal de la carrera,
castigando a estudiantes que de acuerdo a la estadística
tardarán en su mayoría dos años más en titularse. Esto
se produce con mayor evidencia en las regiones por las
mismas razones ya señaladas, que dicen relación con la
formación que el sistema escolar entrega a medida que
nos alejamos de los mayores centros urbanos del país.
En definitiva, las políticas públicas no compensan el
aporte de las universidades a la descentralización del país
ni a la integración de grupos socio-territoriales margi-
nados de los procesos de desarrollo. Las universidades
en regiones con menor población tienen cursos con baja
matrícula que derivan en mayores costos unitarios por
estudiante y, en general, en menores economías de es-
cala. Las universidades apoyan las políticas públicas de
inclusión, promoviendo el ingreso de estudiantes de ori-
gen campesino, indígena o áreas de rezago social, lo que
implica diseñar e implementar iniciativas adecuadas a
esos grupos sociales y territorios.
La igualdad de trato que discrimina
Luego de ese diagnóstico, es del todo necesario pregun-
tarse si las universidades regionales están en condiciones
de acometer estas tareas. Básicamente, desde el punto de
vista de la institucionalidad no encontramos regulación
alguna que beneficie o que distinga a estas universidades
de sus pares metropolitanas. La única diferencia para la
legislación y para el Estado y sus políticas públicas es que
se hallan ubicadas en regiones.
A partir del imaginario mercantil o economicista domi-
nante, que concibe a todos los individuos en las mismas
condiciones y sólo diferenciados por la elección racio-
nal que hagan o la disposición a pagar, las instituciones
universitarias son tratadas como si fueran todas igua-
les, como si se desempeñaran en los mismos ambientes
económicos, condiciones de mercado, concentraciones
urbanas u otras simetrías relevantes. La legislación y las
políticas públicas del sector establecen una institucio-
nalidad sobre universidades que hace abstracción de las
particularidades, limitaciones y necesidades que tienen,
atendiendo a los territorios y las comunidades en que
están inmersas las universidades regionales.
Por todo lo anterior, resulta indispensable reconocer la
necesidad imperiosa de avanzar en el establecimiento ex-
plícito de una política de Estado de cohesión y desarrollo
regional del talento, con sus respectivos instrumentos y
recursos, para generar mejores oportunidades en todos
los territorios. Esta política de Estado debería asimis-
mo ampliar los distintos instrumentos para promover la
atracción y retención de capacidades técnicas, profesio-
nales y científicas ligadas a los ejes de desarrollo regional.
En definitiva, se requiere de un cambio en los indicado-
res para asignar los recursos del Estado a las instituciones
universitarias regionales, especialmente en las de carácter
estatal de zonas extremas, pues de no hacerlo, una vez
más se perderá una oportunidad clave para que la Edu-
cación Superior contribuya de manera más pertinente y
eficaz al desarrollo nacional y regional.
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Nº1 2016 / P.P.