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EL OLVIDO
CONTUMAZ DE
LAS UNIVERSIDADES
REGIONALES
POR ALDO VALLE
Rector de la
Universidad de
Valparaíso
En un país en que se ha extendido tanto el uso del
sustantivo “universidad”, la heterogeneidad de sentidos
que se puede atribuir al mismo parece ya no reconocer
límites. En Chile se ha llegado a denominar como “uni-
versidad” la simple contratación de docencia y su pres-
tación mercantil, sin que medie alguna otra relación de
los docentes entre sí o de éstos con sus estudiantes o con
la institución respectiva. Sin embargo, cuando hablamos
de universidades regionales, en ningún caso ello debe-
mos entenderlo como una calificación menor de su com-
plejidad y de su misión como centros del pensamiento,
la ciencia y la cultura. Por el contrario, podrán aportar
de mejor manera a sus regiones en la medida en que pue-
dan desarrollar las tareas de docencia de pre y postgrado,
investigación y extensión, ojalá en diversas disciplinas,
en el mejor estándar de calidad que se hace a nivel na-
cional. El atributo “regional” remite de modo necesario
y más directamente a una función pública que el Estado
no puede desconocer a la hora de establecer políticas pú-
blicas en Educación Superior, pero también cuando se
propone llevar adelante objetivos de descentralización y
de desarrollo equitativo de las regiones. En dicho con-
texto las universidades regionales deben, como parte de
su misión pública, asumir una genuina vinculación con
el medio externo, con las economías regionales, con su
sector productivo, con los entornos socioculturales y las
demás instituciones que integran las comunidades en
que se hallan insertas.
Las regiones no son sólo unidades geográficas, económi-
cas o administrativas, son ante todo comunidades socia-
les, políticas y culturales que requieren de la universidad
para su desarrollo más pleno e integral. Por lo mismo,
debemos detenernos en la idea de que la universidad
debe ser parte de la esfera de deliberación pública. Su
contribución a tal deliberación consiste precisamente en
crear condiciones para la formación de intelectuales pú-
blicos y científicos comprometidos con la integridad de
la ciencia y el uso público de la razón, algo distinto –cla-
ro- de
managers
o mandarines, tecnócratas o ideólogos, y
por tanto no puede ser objeto de propiedad como cual-
quier otro bien de utilidad económica. En este sentido,
el Estado debe apoyar a todas las universidades que están
en condiciones y opten por ser parte de esta específica
función pública que corresponde a las universidades re-
gionales. Por la misma razón, la universidad, sea pública
o privada, debe ser un lugar para debatir y cuestionar
todo aquello que acontece en su entorno, porque no
hacerlo es también una forma de instrumentalizar la
universidad a favor de un determinado statu quo.
En ese mismo acto la universidad, sabemos, deja de
Columna
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P.P. / Nº1 2016