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las personas se vinculan con el delito, así como los reclamos que se hacen
a la justicia ante la violación de derechos reconocidos. Los obstáculos,
los malos entendidos, los rechazos que algunos juzgadores expresan en
contra de la producción antropológica, no deben llevar a considerar que
no existe diálogo. Tan solo plantean la dificultad que conlleva abandonar
el confort que provee moverse dentro de los márgenes de la propia disci-
plina. Derecho y antropología son ciencias enmovimiento porque ambas
tienen como su principal objeto las cuestiones humanas; por tanto no de-
ben escapar a su permanente transformación, repensándose a sí mismas
continuamente para acompañar los cambios sociales. Con pequeños ges-
tos tal vez sea posible alcanzar las transformaciones deseadas. Mayor
será la lentitud en el proceso de reevaluación epistemológica de criterios
por los cuales se justifica o se invalida el conocimiento producido. Princi-
palmente, los conceptos de objetividad, realidad y justificación parecen
ser los núcleos duros de la interdisciplinariedad. Pero estoy convencida
que sin puentes que nos acerquen a las personas para intentar compren-
der cabalmente los significados que dan a sus vidas, no lograremos derri-
bar las fronteras que nos impiden el diálogo interdisciplinario.
Notas
1
La
Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat
está integrada por
más de 40 comunidades de cinco pueblos cazadores-recolectores-pescadores
asentados en la región del Chaco argentino, a orillas del río Pilcomayo en la provincia
de Salta, límite internacional con las Repúblicas de Bolivia y Paraguay. En 1984
solicitó un título colectivo del territorio de uso tradicional. En 1991 el gobierno
salteño se comprometió por decreto a entregar ese título a nombre de todas las
comunidades, pero nunca cumplió. En 1995 la Asociación acudió a la justicia para
reclamar por sus derechos. En 1998 el caso fue remitido a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, después de haberse agotado los recursos judiciales internos.
En 2006 la CIDH admitió la petición y en 2012 dictó su Informe de Fondo en el cual
se insta al Estado argentino a cumplir con sus recomendaciones; entre ellas, la
titulación del territorio y el control de alambrados y corte ilegal de madera. Luego de
sucesivas prórrogas concedidas por la CIDH al Estado, transcurridos veintidós
meses, persiste el incumplimiento.