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judiciales manejaron la purga contra los colaboradores, mientras que cortes militares
procesaron a los acusados de colaboración. Cuatrocientos mil personas en total, un 7% de la
población adulta de Bélgica, enfrentaron la posibilidad de un juicio. A decenas de miles de
ellas se las penalizó por actos de colaboración.
El delito de colaboración comprendía tanto la colaboración económica como política.
Sin embargo, el delito de colaboración económica fue considerado contraproducente, ya que
implicaba a muchos miembros destacados de la comunidad comercial, como también a más de
60.000 trabajadores que se habían ofrecido voluntariamente para trabajar en Alemania. Por lo
tanto, en 1945 el gobierno socialista dictó una ley interpretativa de la ley de colaboración, en
la que se exigía prueba de tentativa de ayudar a la maquinaria de guerra alemana antes de
declarar a una persona culpable de colaboración económica. El gobierno desestimó los cargos
en contra de los trabajadores.
Japón
. Aunque durante la Segunda Guerra Mundial el régimen japonés fue
extremadamente autoritario, la persecución de los opositores políticos en ese período fue más
sutil que la emprendida por sus aliados alemanes e italianos. El gobierno interpretó la Ley de
Conservación de la Paz de 1925 en términos cada vez más amplios a fin de neutralizar a todos
aquellos que podían “alterar” el orden establecido
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.
Dado el carácter relativamente benigno de la persecución política japonesa, el
Comandante Supremo de las Potencias Aliadas no hizo ningún intento por castigar los
crímenes cometidos por el ejército japonés contra sus conciudadanos. Esta posición contrasta
profundamente con el celo con el que los Aliados procesaron los crímenes de guerra
cometidos por los japoneses. Las comisiones militares aliadas enjuiciaron a más de 5.500
personas por crímenes de guerra y dictaron 3.500 sentencias de presidio, como también 900
condenas a la pena capital. En procesos similares a los de Nuremberg, veintiocho líderes
japoneses fueron enjuiciados por crímenes contra la paz ante un Tribunal Militar Especial para
el Lejano Oriente. Tras un dilatado juicio, en noviembre de 1948, siete acusados recibieron
sentencias de muerte; dieciséis, de cadena perpetua; y dos, penas menores de presidio.
El caso del General Tomoyuki Yamashita fue particularmente interesante desde el
punto de vista legal. Yamashita fue el comandante de la ocupación japonesa de las Filipinas.
Cuando las tropas estadounidenses desembarcaron, Yamashita ordenó a sus tropas que
evacuaran Manila. Pero las tropas “desobedecieron” sus órdenes, asesinando y abusando de
más de 20.000 civiles. En vista de la magnitud de la masacre, el fiscal argumentó que
Yamashita había permitido intencionalmente o bien ordenado secretamente la masacre. El
abogado defensor replicó que el acusado no podía haber mitigado ni prevenido el ataque,
porque las líneas de comunicación entre él y sus tropas habían sido destruidas durante la
carnicería.
En su sentencia, la corte admitió que un comandante no podía ser condenado por
asesinato o violación por el solo hecho de que sus tropas hubiesen cometido asesinato o
violación. Pero cuando el asesinato y la violación eran brutales y se cometían durante un largo
período de tiempo, y cuando el comandante no intentaba reducir y controlar los actos
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Arthur E. Tiedemann, “Japan Sheds Dictatorship”,
Dictatorship to Democracy
, 184.
