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El Estado contrainsurgente se empezó a formar en los años sesenta, con un papel
central del gobierno de los Estados Unidos. La política contrainsurgente estaba
basada y obtenía sus lineamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional. Tal
doctrina tenía como propósito fundamental impedir la trasformación del sistema
social, político y económico existente. Para ello se debían realizar acciones en todos
los campos, incluido el campo político, el socioeconómico y el psicosocial. En el
marco de la política de seguridad nacional, el ejército arremetió contra la población
civil, la que era vista en su conjunto como parte del enemigo a combatir.
Entre 1982 y 1983 el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt intensificó la estrategia
de “tierra arrasada”, la cual incluía masacres, ejecuciones, tortura y distintas formas
de violencia sexual contra la población civil, eminentemente de origen maya.
Paralelamente, el ejército implantó estructuras militarizadas como las Patrullas de
Autodefensa Civil (PAC), para consolidar su control sobre la población, buscando
contrarrestar la influencia de la insurgencia. Además, el ejército se nutrió de
soldados por medio del reclutamiento forzoso y el servicio militar obligatorio de
dos años. Éste era realizado por segmentos de población joven masculina indígena
y mestiza, todos pobres de las áreas rurales y/o urbanas marginales.
La guerra provocó que grandes grupos de la población buscaran refugio en el
extranjero o se desplazaran internamente: 45.000 personas obtuvieron refugio legal
en México; 200.000 se organizaron en Comunidades de Población en Resistencia
en las montañas de Guatemala; 400.000 personas se exilaron en México, Belice,
Honduras, Costa Rica y Estados Unidos. El desplazamiento, si bien fue un fenómeno
constante a lo largo de la guerra, adquirió dimensiones masivas a principios de la
década de los ochenta. En las zonas del altiplano, golpeadas por la política de
“tierra arrasada”, se produjo en algún momento el desplazamiento de hasta el 80%
de la población.
En el contexto de la guerra, el racismo en Guatemala adquirió su máxima
expresión, materializándose en el genocidio de la población maya. A principios de
los ochenta, la ideología racista arraigada en esta guerra tuvo como consecuencia
que el combate a la guerrilla excusara el exterminio de los pueblos indígenas. Los
informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) -creada como resultado
de los Acuerdos de Paz de 1996- revelaron que el 53% de las víctimas de la guerra
contrainsurgente era de origen maya, mientras que el 11% eran mestizos
2
.
La reiteración de actos destructivos dirigidos sistemáticamente contra grupos de
origen maya, puso de manifiesto que el único factor común a todas las víctimas
era su pertenencia a este grupo étnico, evidenciando que los actos violentos
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Del 30% restante no se registró origen étnico.
