Política nuclear - page 271

POLÍTICA NUCLEAR
En primer lugar, por pretendidas imposiciones de algunos países
altamente industrializados, suministradores de tecnología y materias
primas, por ejemplo uranio enriquecido, que quieren imponer nue–
vas condiciones a los importadores, condiciones que no derivan de
acuerdos internacionales regulares, sino de imposiciones de nebulo–
so y discutible carácter. Dijimos a este respecto en el discurso· pro–
nunciado el 19 de abril de 1977, al inaugurarse en Caracas el
Quinto Período Ordinario de Sesiones de la Conferencia General
deloPANAL:
La utilización de la energía nuclear es un derecho que no se puede negar
a ningún Estado que esté dispuesto a asegurar que ese uso ha de ser exclu–
sivamente pacífico. Es más: la cooperación internacional
y
el
derecho al
desarrollo exigen que se preste a ese Estado asistencia cié'ntífica, tecnológica,
económica, financiera e industrial para que pueda Ileyar adelante sus pIa–
nes energéticos.
Los controles internacionales basados en los acuerdos de salvaguardias,
entre los que se encuentran los que están fundados en el Artículo 13 del
Tratado de TlateloIco, bastan para asegurar que la energía nuclear no se
ha de utilizar para fines bélicos o armamentistas.
Es necesario afirmar clara
y
rotundamente esto, así como es preciso im–
pedir que pretendidos controles de confuso origen, que responden a veces
a intereses exclusivamente económicos, pretendan sustituir el control, fun·
dado en el Derecho Internacional
y
materializado en los acuerdos de salva–
guardias, único admisible para verificar la finalidad
y
el destino de los
materi<lIes utilizados para la producción de energía nuclear dirigida a obje–
tivos pacíficos.
En segundo término, hay que analizar con toda seriedad las pe–
ligrosas consecuencias que para los países latinoamericanos se pue–
den ·eventualmente derivar de la Ley de No Proliferación Nuclear
de 1978 de lo.s Estados Unidos. En la Sección 2 de esta Ley, el
Congreso declara que la proliferación de explosivos nucleares o la
capacidad de manufacturarlos plantea una grave amenaza a los in–
tereses de la seguridad de los Estados Unidos y a' los esfuerzos in–
ternacionales para asegurar la paz y el desarrollo. La afirmación
respecto de que la mera capacidad par.a manufacturar armas nu–
cleares afecta la seguridad de los Estados Unidos es gravísima, ya
que tal capacidad, que no significa necesariamente la
po~esión
o
utilización de amIas nucleares, puede pertenecer a países que no
tienen ni desean tener armas nucleares y que sólo quieren utilizar
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