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Derechos políticos: financiamiento de la política y corrupción
Un último aspecto mencionado por una de las expertas en que se vincula el fenómeno de la
corrupción con la violación de derechos humanos dice relación con la “financiación ilegal de la
política con el propósito de lograr la captura y reconfiguración cooptada del Estado y de esta
manera incidir en los procesos de toma de decisiones para favorecer intereses particulares”.
Otros aspectos vinculados a la forma en que la corrupción impacta en los derechos políticos podría
encontrarse en los fraudes electorales o en las irregularidades que se cometen en los procesos
de contratación de personal en las funciones públicas. Estas prácticas vulnerarían el derecho a
participar de los asuntos públicos de forma igualitaria, así como el acceso a los cargos públicos
en condiciones de igualdad. Estos aspectos, que no parecieron resaltar como prioridades en la
agenda de los/as especialistas, también podrían constituir puntos de discusión en la conexión de
las dos áreas.
De la teoría a la práctica: desde la vinculación entre corrupción y derechos
humanos hacia el uso de las herramientas del SIDH
Las vinculaciones entre corrupción y derechos humanos se manifiestan en múltiples ámbitos,
implican a todos los poderes del Estado y pueden resultar en la violación de distintos derechos
humanos. En suma, lo que parece resaltar del análisis realizado por los/as expertos/as es que la
relación entre ambos fenómenos no tiene un carácter aislado sino que se trata de una vinculación
estructural. Como lo señala una de las expertas, “en el caso colombiano los niveles de corrupción
vulneran los derechos humanos tanto civiles y políticos en la medida que genera problemas
de gobernabilidad en todos los poderes del Estado y a su vez son violatorios de los derechos
económicos y sociales al impedir el acceso equitativo a la salud y educación”.
En definitiva, si tanto el problema de la corrupción como el de las violaciones a los derechos
humanos han sido conceptualizados como problemas estructurales de las sociedades y los
Estados latinoamericanos, la vinculación que existe entre ambos fenómenos también reviste este
cariz estructural. Tal como indica uno de los expertos, es posible mostrar que “los problemas de
corrupción no son actos aislados que solo afectan a la persona involucrada sino que desencadenan
graves violaciones a derechos humanos; también […] la falta de controles institucionales genera
un contexto propicio para las violaciones a los derechos humanos y […] la corrupción forma parte
de este problema”.
Por otro lado, y frente a esta vinculación estructural, es posible preguntarse cómo es posible
reaccionar, y una de las posibles vías de acción pareciera encontrarse en los sistemas
internacionales de protección de los derechos humanos. Y es que, como lo menciona otra de
las especialistas, “justamente cuando los mecanismos judiciales y/o administrativos internos no
funcionan adecuadamente quedan habilitadas las instancias internacionales de protección de
derechos humanos”. Es decir, es precisamente este déficit estructural de respuesta del Estado
lo que hace necesario que los mecanismos internacionales de protección, tales como el sistema
interamericano de derechos humanos (SIDH), intervengan en estas materias.
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