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el uso y explotación ilegal de los mismos.
Algunos/as expertos señalaron que, en el caso de los DESC, la afectación que la corrupción
producía sobre el disfrute de estos derechos era “directa”, mientras que otros/as hablaron de una
“afectación indirecta”, refiriéndose al hecho que el “desvío de dinero público impide su utilización
en políticas públicas que pueden promover y garantizar derechos humanos”.
De acuerdo a los ejemplos de casos brindados por los/as expertos, habría casos en los que
efectivamente el acto de corrupción implicaría la violación directa de un DESC (por ejemplo, el
desvío de recursos destinados a los damnificados o a entregar subsidios para viviendas), mientras
que, en otros casos, la afectación parecería ser indirecta, en tanto todo acto de corrupción que
implica un perjuicio patrimonial para el Estado significaría una disminución de la inversión que
es posible realizar en derechos sociales. A modo de ejemplo, una experta señala la experiencia
llevada a cabo por la organización Poder Ciudadano en Argentina, en la que la realización de una
licitación pública en el servicio de recolección de basura permitió una rebaja del precio del servicio
para la Municipalidad, lo que significó un ahorro equivalente al presupuesto total destinado a la
compra de medicamentos en el mismo municipio.
Este segundo tipo de casos, en que la relación entre la falta de transparencia o el acto de
corrupción y la violación a los derechos humanos resulta más lejana, cabría preguntarse si tendría
sentido presentarlos ante el sistema interamericano. Respecto de declaraciones generales o en
las instancias más políticas de la Comisión Interamericana podría no ser problemático. La duda
surge más bien en los procedimientos de peticiones individuales, en los que se requiere acreditar
de forma específica cómo una acción u omisión estatal es responsable de la violación de un
derecho humano de un sujeto identificable.
Violencia policial y corrupción en las fuerzas de seguridad
Un segundo ámbito en el que la conexión entre corrupción y violaciones a los derechos humanos
parece ser especialmente sensible en América Latina es la vinculación que existe entre la
corrupción de los agentes de fuerzas de seguridad y la violencia policial.
En Brasil, los/as expertos/as mencionaron la corrupción policial como la “causa de ejecuciones
sumarias, torturas y secuestros”. En Colombia, se señaló el caso de las interceptaciones telefónicas
y el uso de otros recursos físicos y humanos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
para el espionaje de opositores políticos. Asimismo, el caso de los “falsos positivos” en Colombia
ilustra cómo se vinculan actos de corrupción con graves violaciones a los derechos humanos. En
efecto, en este caso se utilizaban recursos públicos para otorgar recompensas a los miembros del
Ejército para que ejecutaran jóvenes. Después, se señalaba que estos jóvenes ejecutados eran
guerrilleros muertos en combate, para efectos de “presentar resultados por parte de las brigadas
de combate”.
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