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Acceso a la justicia y falta de respuesta adecuada del Estado frente a violaciones
de derechos humanos
En estrecha vinculación con la corrupción en las fuerzas de seguridad se encuentra la corrupción
en el sistema administrativo y judicial destinada a dejar en la impunidad los delitos cometidos por
los agentes de seguridad. En este sentido, resulta particularmente ilustrativo el caso del atentado
a la AMIA en Argentina, en el que existieron “maniobras destinadas a garantizar la impunidad
[de los] responsables directos y políticos”, demostrándose que “se habían utilizado fondos
‘reservados’ de la Secretaría de Inteligencia del Estado para pagarle a un imputado a fin de que
imputara a personas que no estaban involucradas en el atentado”.
Ahora bien los fenómenos de la impunidad, de la corrupción en el sistema de administración
de justicia y de la falta de respuesta del Estado frente a la existencia de hechos violatorios de
los derechos humanos son problemas que rebasan los delitos cometidos por los agentes de las
fuerzas de seguridad. Para un experto, “numerosas investigaciones y estudios han documentado
problemas de
corrupción en el sistema de justicia
y gradualmente empieza a desarrollarse
literatura que vincula los temas y muestra cómo diversos actos de corrupción violan los derechos
a la presunción de inocencia, al debido proceso y al acceso a la justicia”. En el mismo sentido, otra
especialista señala que la falta de una respuesta adecuada del Estado frente a las violaciones a los
derechos humanos refleja una “debilidad de los mecanismos de control judicial o administrativo,
aspecto sustancial que habilita o favorece la corrupción”.
Protección de denunciantes de actos de corrupción
La falta de respuesta adecuada del sistema de justicia repercute en un área especialmente
delicada en el combate contra la corrupción, esto es, la protección de denunciantes de actos de
corrupción. En este ámbito, una de las expertas señaló que sería particularmente beneficiosa la
conexión entre las agendas. Y es que las represalias a las que se ven sometidos los denunciantes
de actos de corrupción muchas veces se manifiestan en violaciones de derechos humanos que
pueden revestir distintos niveles de gravedad, desde el asesinato, las lesiones, las amenazas,
o bien la destitución del cargo, entre otras. Cuando este tipo de actos se realizan por parte de
agentes del estado, o bien cuando los mecanismos institucionales fallan en otorgar la debida
protección en contra de esta clase de vulneraciones, nos encontramos frente a violaciones a los
derechos humanos. Los denunciantes de actos de corrupción que no son debidamente protegidos
pueden por tanto ser “comprendidos en el concepto de víctimas de violaciones a los derechos
humanos”.
Discriminación y grupos en situación de discriminación
Otro foco de atención destacado por los especialistas consistió en conceptualizar la corrupción
como una práctica discriminatoria, en tanto consistiría en “una forma de distinguir, restringir,
excluir o preferir a personas en base a causas directas de discriminación prohibida, produciendo
resultado discriminatorio con la intención o el efecto de limitar el ejercicio de los derechos de las
personas o determinados grupos sociales”.
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