Gilberto Aranda y Luis Palma
238
ron en la «legitimación» de cualquier intervención por los mecanismos
previstos en el orden internacional de post Segunda Guerra Mundial, lo
que equivalía a presentar las acusaciones en el seno del Consejo de Segu-
ridad de Naciones Unidas.
El 11 de agosto de 2002, Bush confirmó que Irak era un enemigo para
la seguridad estadounidense, y se refirió a la posibilidad de una invasión
militar directa en contra de Irak para sacar a Hussein del poder en Bagdad,
en prevención de un contra-ataque sobre Estados Unidos con armas de
destrucción masiva. Se trataba de la actualización de la referida doctrina
de ataques preventivos.
El Capitolio, en Washington, se transformó en el escenario de las pug-
nas entre detractores y defensores de la nueva estrategia estadounidense a
colocarse en práctica primeramente en Irak. Entre los apologetas de los
planes de a Casa Blanca estuvo la mayoría republicana, que respaldó a
Bush en un eventual accionar militar contra Saddam Hussein, basado en
la posesión de armas de destrucción masiva. Finalmente el 11 de octubre
de 2002 el Congreso autorizó al Presidente estadounidense a usar la fuerza
si fracasaban los medios diplomáticos en una votación en que el 69% de
la Cámara de Representantes y el 77% del Senado apoyo la posición pre-
sidencial. Cinco días más tarde, Bush firmó la resolución.
Los comicios legislativos estadounidenses del 5 de noviembre de 2002
constituyeron un sólido respaldo interno y concluyente para la política
oficial de Bush. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes
se incrementó para alcanzar los 228 asientos contra 204 de sus rivales
políticos demócratas, mientras en el Senado los demócratas perdieron su
mayoría a favor de los republicanos quienes se alzaron con 51 senadores
contra los 47 demócratas.
La Opinión Pública parecía estar dando luz verde al plan de ataque del
Presidente estadounidense. Bush había conseguido el espaldarazo definiti-
vo para implementar su nueva estrategia global en el caso específico de
Irak. Posteriormente el enfrentamiento se trasladó al seno del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas que aprobó la resolución 1441, obligando
a Saddam Hussein a permitir inspecciones de la
ONU
y de la Agencia
Internacional de Energía Atómica (
AIEA
) en territorio iraquí, en lo que fue
una victoria momentánea para las «palomas» de la administración repu-
blicana. Dicha situación no constituyó, sin embargo, un reconocimiento
definitivo de la administración Bush a la decisión del organismo de Na-
ciones Unidas respecto de una intervención en Irak. Las inspecciones, que
habían sido interrumpidas en diciembre de 1998, fueron reanudadas con
la anuencia explícita del régimen Iraquí, el que prestó niveles progresivos
de colaboración a medida que aumentaba la presión internacional. Un
