Además del tiempo invertido en ellos, no se sabe dónde van a
parar los exámenes después de esa visita. Hay casos donde los
funcionarios reciben de regreso los resultados, mientras que en
otros los documentos son retenidos por el sistema. Es el caso
de Paula, cuyos exámenes quedaron físicamente en el Compin.
Para conocer el paradero de los documentos y la finalidad de
retener la información,Paula realizó una solicitud de acceso a la
información pública. Como respuesta le explicaron que “en las
Compin, este trámite no posee un registro en alguna
herramienta informática especialmente
diseñada para ello, por lo que en la
actualidad no se dispone de listados
o bases de datos de antecedentes
médicos de los postulantes a la
Administración del Estado.
A la fecha, una vez emitido
el certificado se entrega
al requirente y la copia
se archiva en formato
papel, en cada una de las
Compin del país”.
PASAR LA PRUEBA
“No conozco a personas que
habiendo ganado un concurso
o teniendo la posibilidad de en-
trar a un trabajo no sea contratado
por razones de salud”, explica Rodrigo
Egaña, director nacional del Servicio Civil,
organismo destinado a promover la moderniza-
ción del Estado y el mejoramiento de la Administración
Pública, entre la que se encuentra la gestión de recursos humanos.
La misma idea expresa una médico contralor del Servicio de
Salud Oriente, organismo encargado de entregar los certifi-
cados en dicha zona de la región, quien explica que en caso
de que los exámenes no salgan “totalmente limpios”, el cer-
tificado de ese postulante queda “pendiente” y éste debe ser
sometido a un proceso más exhaustivo.
En definitiva, prácticamente todos los que se someten a este
“chequeo” reciben el certificado que declara que el interesado
“tiene salud apta para desempeñarse en cualquier parte del
Territorio de la República”.
Para la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF,
el asunto no ha sido tema ni menos prioridad. Su presiden-
te, Raúl De la Puente, dice que no han recibido reclamos,
pero que de todas formas deberían estudiarlo. Lo mismo
opina Rodrigo Egaña, quien “nunca había escuchado un
cuestionamiento ni de la idea ni de lo que se examina” en el
tiempo que lleva a la cabeza de la entidad (marzo
de 2014).
Paula cree que este tema no ha
sido denunciado masivamente
porque para alguien que va
entrando al sistema es com-
plejo prefigurarse como
un “funcionario conflicti-
vo”. Marilyn cree que la
gente naturaliza esta si-
tuación. Las personas se
sienten muy vulneradas,
pero luego pasa el tiem-
po, dicen, “sigues con tu
actividad laboral y el tema
pasa a un segundo plano.
La urgencia de este protoco-
lo en el momento en que llega
no te hace poder decidir, tomar
alguna otra alternativa o reclamar,
es todo rápido y si no, te quedas sin tra-
bajo”, dice Marilyn.
Y aunque el informe del RegCom indica que la solución
al asunto es que emane un Decreto Supremo desde la Pre-
sidencia, Paula es más pesimista. Ve difícil que eso ocurra,
porque la medida provocaría que se “despierten otros temas
vinculados a los funcionarios públicos, como el número de
personal a honorarios, la carrera funcionaria”, entre otros.
Lo que plantea, eso sí, es que por lo menos se genere un
protocolo, un instructivo que sea parejo para todos, ya que
lo que ocurre con este aspecto de la administración pública,
según sus palabras es simplemente “impresentable”.
Paula cree que este tema no ha
sido denunciado masivamente porque
para alguien que va entrando al sistema es
complejo prefigurarse como un “funcionario
conflictivo”. Marilyn cree que la gente
naturaliza esta situación.
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Nº 3 noviembre 2014 / El Paracaídas
