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Cuestión de autonomía
En el marco del intenso debate sobre el proyecto de
ley de Reforma a la Educación Superior, ya en discusión
en el Congreso, se produjeron varios hechos que
contribuyeron a avivar la controversia y las suspicacias
en torno a la naturaleza de dicha reforma en dos frentes;
tanto en relación al fortalecimiento de un sistema de
universidades estatales como a la necesaria autonomía e
independencia de dichas casas de estudios frente al poder
político o gobiernos de turno, cuestión que desde los
tiempos de Federici no había sido un tema relevante.
Uno de ellos, acaso el principal por el impacto
mediático y el rechazo transversal que provocó, fue la
intempestiva petición de renuncia a la ex Rectora de
la Universidad de Aysén, Roxana Pey, a casi un año
de haber sido nombrada para estructurar y poner en
marcha el proyecto de una de las dos universidades
regionales del Estado que la Presidenta de la República
había comprometido.
“No es posible que el gobierno de turno le solicite
la renuncia ni al rector ni a ningún académico de
una universidad pública”, señaló el Cuech en una
declaración emitida el 28 de julio y dada a conocer por el
Rector Ennio Vivaldi, quien además reiteró su apoyo a
Pey y el respeto a la autonomía universitaria. Todo esto,
mientras rectores del Cruch, el Senado Universitario y
personalidades del mundo de la cultura y la educación
condenaban este acto que, como lo explicitaran en una
carta abierta cerca de dos mil académicos, “desnuda
claramente el sesgo ideológico del Ministerio, orientado
a favorecer a las grandes corporaciones educacionales y
sus políticas neoliberales de privatización, toda vez que
la rectora Pey –en conjunto con los rectores el Cuech–
ha sido coherente en exigir una universidad estatal
y pública para Chile que no obedezca a las lógicas
corporativas–financieras”.
De cualquier forma, pese a la falta de prolijidad del
hecho, sustentado en argumentos poco convincentes,
y al desdén hacia la opinión del mundo académico, el
Gobierno, a través del Ministerio de Educación, no
dio pie atrás en su decisión, mientras se ponía el foco
en otra controversial propuesta de dicha cartera.
Paralelamente al proceso de renuncia de la ex Rectora
Pey se conocía la propuesta gubernamental contenida
en la ley de Reforma a la Educación Superior, que
sugiere un directorio con cuatro representantes
del Estado, sumados a los cuatro de la comunidad
universitaria más el rector, asumiendo que esta
adición no afecta la autonomía ni independencia
porque los primeros serían representantes del
“Estado”, no del gobierno. Un argumento que nos
remite al lamentable cuoteo de TVN, donde la
diversidad o pluralismo de su directorio –nombrado
por el Presidente de la República y ratificado por
el Senado– se aloja en los partidos políticos ahí
representados, y cuya defensa de una “televisión
pública” ha tenido como correlato alianzas entre los
miembros de las coaliciones políticas para defender
no una mirada de país, sino aquella más bien acotada
que tiene que ver con los intereses partidarios y
el juego de oposición-gobierno que en general
hegemoniza las reuniones de los directorios.
Estos antecedentes, más la poca empatía exhibida por
el Gobierno ante propuestas concretas de autoridades
de la U. de Chile y del propio Cuech, que permitan
fortalecer –y no perjudicar- a las universidades del
Estado, por ejemplo a través del aumento de su
matrícula, hacen pensar que hoy está en riesgo no
sólo la autonomía de las universidades del Estado,
sino su futuro, en tanto las señales hasta hoy han sido
erráticas o simplemente confusas.
POR FARIDE ZERAN
Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile
Opinión
P.3
Nº2 2016 / P.P.