Transparencia y Probidad Pública. Estudios de Caso en América Latina
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b.
Ámbito judicial
Las instituciones integrantes del sistema de Administración de Justicia jugaron un papel central en
la estrategia de la organización criminal, cumpliendo una triple función. En primer lugar, asegura-
ban impunidad a todos los miembros de la organización. En segundo término, permitían obtener
fondos producto de la extorsión a litigantes involucrados en procesos complejos. Por último, eran
utilizados como un instrumento de persecución de la oposición (fueron varios los casos en que
se persiguió judicialmente la disidencia, obligando a salir del país entre otros, a una magistrada
del Tribunal Constitucional y al propietario de un canal de televisión, a quienes se involucró en
procesos penales sin fundamento alguno).
Para estos efectos, Montesinos mantenía control directo sobre la Fiscal de la Nación, quien más
de una vez intervino personal y públicamente para desestimar las denuncias contra él u otros
personajes del régimen. De igual forma, controlaba al Presidente de la Corte Suprema y a quien
ejercía el poder de facto en dicha instancia, quienes a su vez aseguraban el cumplimiento de sus
instrucciones en las instancias inferiores.
En el ámbito judicial, Montesinos aplicó un sistema de intercambio de favores. Cuando tomaba
conocimiento de algún caso judicial de interés patrimonial, aparecía directamente o a través
de abogados allegados, y exigía el pago de cuantiosas sumas de dinero a cambio de resultados
favorables, lo que era de su exclusivo beneficio.
En los casos que no eran de su interés, dejaba
que los magistrados hicieran de las suyas.
c.
Ámbito parlamentario
El Congreso constituía una pieza clave en el esquema de la organización, que necesitaba controlar la
producción legislativa de acuerdo a sus intereses y las comisiones fiscalizadoras del Congreso.
Para asegurar ambos resultados, Fujimori y Montesinos apelaron a varios métodos. Comoquiera
que no obtuvieron mayoría parlamentaria en el primer Congreso de su gobierno, optaron por
clausurarlo vía del denominado autogolpe del 5 de abril de 1992, a pretexto de que el Parlamento
impedía la adopción de medidas que el gobierno consideraba indispensables para el desarrollo
del país.
Durante el segundo período del régimen, en el que tampoco obtuvieron mayoría parlamentaria, la
estrategia consistió en comprar –literalmente– a congresistas de la oposición a fin de completar el
número de votos necesarios para poder legislar y controlar el Parlamento sin necesidad de pactos
políticos con otras agrupaciones. Tal como se observó en el video que hizo famoso a Montesinos y
que precipitó la caída del régimen, éste citaba en su despacho del Servicio de Inteligencia Nacional
a los congresistas previamente identificados como proclives a la corrupción y, luego de negociar
con ellos el costo de su traspaso a las filas del oficialismo, procedía a pagarles en efectivo.
En
algunos casos, los congresistas originalmente opositores que eran comprados permanecían en sus
agrupaciones, pero votaban con la mayoría, lo que les mereció el apelativo de “topos”, ya que en
realidad eran infiltrados de la organización criminal en los partidos de oposición.
Varios de estos reclutamientos fueron hechos por el propio Presidente del Congreso, mientras que
otros fueron realizados directamente por Montesinos o sus allegados.
En aquellos tiempos, era de conocimiento público que los congresistas del gobierno eran ins-
truidos de cómo votar o comportarse en el Congreso desde el Palacio de Gobierno a través de
“beepers” (buscapersonas).
Gracias a la mayoría congresal, la organización de Fujimori y Montesinos fue capaz de legislar a
su antojo, forzando interpretaciones legislativas o modificaciones constitucionales para posibilitar
