Transparencia y Probidad Pública. Estudios de Caso en América Latina
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En virtud de esta ley, fue posible capturar en corto tiempo a aproximadamente 120 integrantes clave
de la organización delictiva, entre los que se encuentran sus tres dirigentes máximos: Vladimiro
Montesinos Torres, Nicolás Hermosa Ríos y Alberto Fujimori Fujimori
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.
Otra norma clave en el contexto de la estrategia anticorrupción fue la Ley 27.378, que estableció
beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada. Los delitos de
corrupción cometidos a través de una organización criminal son difíciles de acreditar debido al
carácter cerrado de estas organizaciones. A raíz de la experiencia italiana en la lucha contra la
mafia (entidad caracterizada por su observancia de la llamada ley de la
omertá
o ley del silencio),
se ha podido determinar que el aliento al disenso y a la delación genera una valiosa fuente de
información que permite conocer los delitos y a la organización, descubrir hechos desconocidos,
ahorrar considerable tiempo en la actividad probatoria, identificar los activos procedentes del
delito y proceder a su recuperación.
Sin embargo, en países sin tradición anglosajona, este tipo de “justicia negociada o premial” puede
generar resistencia, pues se cuestiona desde un punto de vista moral una negociación con quien
ha cometido un delito. Desde una aproximación pragmática, pero también ética, es obvio que
renunciar a mecanismos de negociación con disidentes de organizaciones criminales cerradas
implicaría no tener acceso a información que permita conocer delitos ocultos, acceder a pruebas
claves, recuperar activos, y en suma, identificar y sancionar a los responsables.
Debido a que el sistema de administración de justicia estaba fuertemente impactado por la
corrupción, no era razonable pensar que los órganos regulares de la justicia, en general subor-
dinados a los mecanismos controlados por Montesinos, iban a investigar con imparcialidad los
delitos cometidos por la organización criminal liderada por éste.
Por tal motivo, a iniciativa de
la Procuraduría, se hicieron las gestiones necesarias ante la nueva Fiscal de la Nación para la
creación de un grupo de fiscales anticorrupción, escogiendo para ello a los más idóneos y no
contaminados por la maquinaria corrupta de Montesinos. Es así como se promulgó la Ley 27.380
que creó el sistema de fiscales anticorrupción, integrado por cuatro Fiscales Provinciales Penales
y liderado por un Fiscal Superior coordinador. Posteriormente, el Poder Judicial replicó el modelo
del Ministerio Público, creándose el subsistema de Jueces anticorrupción, integrado por cuatro
Jueces y una Sala Superior a dedicación exclusiva para atender los más de 280 procesos judiciales
e investigaciones activadas contra la organización de Fujimori y Montesinos. Optar por un sistema
anticorrupción concentrado fue un acierto, pues permitió contar con Jueces y Fiscales honestos,
jóvenes, motivados y técnicamente capaces para enfrentar con eficiencia el reto que imponía
investigar y sancionar a tamaña organización.
c.
La indispensable cooperación
Tratándose de una organización que se dedicó a robar y a practicar la corrupción en el Perú, parte
importante de sus esfuerzos estuvieron destinados a poner el dinero obtenido ilícitamente a buen
recaudo en el extranjero.
Por tal motivo, fue indispensable recurrir a autoridades foráneas a fin
de solicitar su cooperación para poder identificar, congelar y repatriar esos fondos.
Igualmente,
se necesitaban diversos actos de colaboración internacional en materia de acopio de evidencia
o para capturar y extraditar a los prófugos de la justicia peruana que habían optado por huir a
otros países.
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Fujimori fue capturado en Chile en octubre del 2005 al intentar aproximarse al Perú después de permanecer refugiado
en Japón por 5 años.
Luego de formalizado el pedido de extradición por parte del Perú, fue liberado, encontrándose
actualmente en Chile con orden de comparecencia y a la espera de la decisión de la justicia chilena (Nota del editor:
con fecha 21 de septiembre de 2007 la Corte Suprema de la República de Chile decidió extraditar a Alberto Fujimori al
Perú).
