Transparencia y Probidad Pública. Estudios de Caso en América Latina
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presiones y demostraciones de fuerza desde el mundo militar
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, los resultados de la Comisión no
derivaron en acciones judiciales o administrativas para perseguir dichos ilícitos.
Muchos militantes de partidos políticos de la otrora oposición, junto con sectores que habían
luchado por recuperar la democracia desde la sociedad civil, se sumaron como funcionarios
estatales a los nuevos gobiernos elegidos.
Este traslado de capital humano explica en parte la
debilidad y carencia de liderazgos que caracterizaría a la sociedad civil en los años venideros.
Adicionalmente, los partidos de derecha, que constituyeron el
soporte político de Pinochet, con-
formaban una débil oposición, carentes de democracia en sus estructuras internas y sin fuerza para
fiscalizar a la administración concertacionista.
Tomaría una década antes de que constituyeran
una opción competitiva de alternancia en el poder.
La agenda política de la época fue copada por nuevos tópicos como el crecimiento económico, la
apertura comercial del país hacia distintos mercados internacionales y los temas de derechos hu-
manos que, por muchos años, se mantuvieron reverberando en el escenario político nacional.
Las nuevas autoridades gozaban de una renovada confianza de la ciudadanía, la que no cuestio-
naba mayormente su integridad en el manejo de los recursos públicos.
Los casos de corrupción,
sobre los cuales prácticamente no hubo noticias durante el primer año de gobierno post-dictadura,
empezaron paulatinamente a aflorar, aunque eran percibidos por la opinión pública más bien
como hechos aislados y vinculados a funcionarios menores.
Sin embargo, en 1993 apareció un
primer caso que inquietó en forma más significativa a la opinión pública. Se trataba de un dudoso
contrato de desmalezamiento de un terreno de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), en
virtud del cual se pagaron cerca de 400 millones de pesos (alrededor de dos millones de dólares
de la época).
A pesar de este asunto, que la gente entendió como un hecho grave pero no proveniente de un
ambiente de corrupción sistémica, el período presidencial de Patricio Aylwin (1990-1994) pasó
sin grandes contratiempos en materia de probidad pública hasta que, a sólo días de dejar el poder,
explotó el caso de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), que implicó la pérdida de
alrededor de 200 millones de dólares por las acciones fraudulentas de un operador de mercados
a futuro de la empresa cuprífera del Estado. A pesar de que este funcionario fue sindicado como
el principal responsable, varios altos ejecutivos de la empresa estatal resultaron salpicados frente
a la opinión pública por su eventual participación en los hechos.
Este caso encendió las alarmas
sobre la falta de controles en el manejo de los fondos públicos e instaló en la agenda política
el debate sobre la probidad pública y reforma del Estado por primera vez desde la vuelta a la
democracia.
a.
Primera Comisión de Probidad
El segundo gobierno de la Concertación liderado por el Presidente Eduardo Frei (1994 -2000)
acogió la inquietud provocada al término del período anterior e instruyó la conformación de la
Comisión Nacional de Ética Pública. Dicho Gobierno asumió como sello o eje principal de su
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En diciembre de 1990, el Ejército realizó el llamado “Ejercicio de Enlace”, una maniobra militar no autorizada ni
informada a las autoridades civiles, que buscaba expresar el rechazo de la institución castrense a la petición informal
de renuncia a Pinochet por parte del ministro de Defensa, a las investigaciones judiciales a oficiales por violaciones a
los derechos humanos y por las investigaciones parlamentarias a las irregularidades patrimoniales cometidas durante la
dictadura. En 1993 se sumó el “Boinazo”, que consistió en un despliegue de tropas en ropa de campaña a las afueras de
su edificio institucional y frente al palacio de La Moneda, uno de cuyos propósitos era protestar por el tratamiento que el
hijo mayor de Pinochet estaba recibiendo por un delito económico en la venta de una fábrica de armas.
Este escándalo
conocido como el caso de los “Pinocheques” llevó en 1994 al ex presidente Frei a instruir al Consejo de Defensa del
Estado que se desistiera de cualquier recurso judicial contra Pinochet Hiriart “por razones de Estado”.
